El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, anunció la creación de una base operativa de la División Motorizada de Emergencias en Tartagal, durante una mesa de trabajo con comerciantes y representantes del Centro Empresario.
En una reunión encabezado por la cartera de Seguridad y Justicia, junto al coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero; autoridades policiales del Distrito de Prevención 4 y el jefe de Policía, Diego Bustos, abordaron cuestiones vinculadas al servicio policial y la complejidad del servicio nocturno; atendiendo las inquietudes del sector comercial sobre delitos contra la propiedad y la escalada violencia de los últimos hechos.
Se analizó la demanda de recursos en materia de seguridad, las problemáticas sociales de la zona y el trabajo preventivo y operativo que desarrolla la Policía de Salta. En la mesa se expuso que el 80 por ciento de las intervenciones policiales atienden situaciones de conflictividad social; cifras compartidas con estadísticas y detalles de la labor del Distrito de Prevención 4.
Ante el contexto, el ministro Solá Usandivaras anticipó la creación de una base operativa de la División Motorizada de Emergencias en Tartagal, para fortalecer el patrullaje preventivo y la capacidad de respuesta, incluyendo la incorporación de nuevas motocicletas y más efectivos policiales.
El coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero, respondió consultas sobre el rol de las fiscalías locales y el tratamiento de las causas; explicando cómo trabaja el Ministerio Público Fiscal y remarcó la importancia de realizar denuncias mediante herramientas como el sistema de denuncias web, por su utilidad y efectividad para el inicio de las investigaciones.
El director General de Seguridad de la Policía, Luis Ríos, adelantó que se implementarán corredores comerciales seguros mediante patrullajes planificados, monitoreo y acciones preventivas con unidades especiales; propuesta surgida de la mesa de trabajo local. También reforzarán tareas de concientización sobre los riesgos de los “afters” y otras prácticas irregulares, en articulación con la Policía Comunitaria y la Dirección General de Ciberseguridad.
