La fiscalía penal de Pichanal formalizó los cargos contra personal jerárquico por homicidio culposo. La investigación constató que las víctimas ingresaron a una boca de registro de siete metros de profundidad sin elementos de seguridad, detectores de gases ni capacitación adecuada.
En un giro decisivo dentro de la investigación por el trágico fallecimiento de dos operarios en el norte provincial, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, dictó la imputación provisional, contra cuatro altos responsables de la empresa estatal Aguas del Norte. La acusación, según publicó el Ministerio Público Fiscal, se fundamenta en presuntos delitos de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos, sumado a lesiones graves en perjuicio de un tercer trabajador que logró sobrevivir milagrosamente al siniestro.
El luctuoso episodio se registró cuando una cuadrilla de mantenimiento de la empresa sanitaria ejecutaba labores de reparación en la red de efluentes cloacales de la localidad de Rivadavia Banda Sur. Tras sustituir una bomba de extracción, los operarios detectaron que la obstrucción del sistema persistía.
Ante este escenario, tres de los trabajadores se dispusieron a descender por una boca de registro de aproximadamente siete metros de profundidad. Sin embargo, apenas ingresaron al estrecho recinto fortificado, la atmósfera del espacio confinado surtió un efecto inmediato y devastador: los tres hombres sufrieron una descompensación severa por falta de oxígeno y presencia de emanaciones letales. Dos de ellos perecieron en el acto, mientras el tercero debió ser rescatado de urgencia en estado crítico.
Los exámenes forenses practicados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) arrojaron luz sobre la causa exacta de los decesos. Las autopsias ratificaron de forma unánime que ambos obreros perdieron la vida a raíz de una asfixia tóxica extrema.
Los análisis toxicológicos subsiguientes confirmaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente nocivo y letal que tiende a acumularse en espacios cerrados como las cámaras cloacales, capaz de anular la conciencia de una persona y provocar el colapso respiratorio en cuestión de segundos.
La hipótesis central que sostiene la fiscalía apunta a una absoluta y sistémica desprotección de los operarios. Según los informes recabados, el personal civil se introdujo en la cámara de inspección careciendo por completo de detectores de gases, equipos autónomos de respiración, arneses, líneas de vida o cualquier dispositivo elemental de rescate.
Asimismo, los peritajes iniciales determinaron que los empleados no contaban con la capacitación obligatoria específica para afrontar los severos riesgos laborales de las galerías subterráneas, una deficiencia operacional que supuestamente era de pleno conocimiento dentro de las estructuras de control de la firma.
La escala de responsabilidades jerárquicas
La fiscal Fuentes determinó que las responsabilidades penales recaen de manera directa en el escalafón de supervisión debido a su rol legal de garantes. Las imputaciones particulares alcanzan a:
- Jefe Operativo–Supervisor: Acusado de haber omitido ejercer un control efectivo en el terreno, tolerando de forma reiterada prácticas de trabajo altamente inseguras para la cuadrilla.
- Coordinador y Responsable del Área de Higiene y Seguridad: Señalados por no implementar ni verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, además de no garantizar la entrega de elementos de protección personal.
- Gerente Operativo del Interior Provincial: Imputado por presunto incumplimiento de los deberes de organización y dirección, al no asegurar los recursos materiales indispensables para las operaciones en las delegaciones del interior.
