La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal, imputó a dos ciudadanos bolivianos acusados de realizar un vuelo sin la debida habilitación e intentar contrabandear una avioneta Cessna 210, desde el aeródromo de General Mosconi; y les informó sobre el inicio de una investigación penal al respecto. Los detenidos son dos hombres, de 40 y 46 años de edad, y se enfrentan a posibles penas de entre 6 meses y 10 años de prisión. El piloto ya registra una condena en su historial y en la justicia paraguaya.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado prisión preventiva en la audiencia de formalización del lunes 13 y el juez federal de garantías de Orán, Jorge Gustavo Montoya, lo dispuso así y por 80 días a los imputados C.M.P. (piloto – 46 años) y D.M.A. (40), acusados como coautores de efectuar funciones aeronáuticas sin habilitación (artículo 221 del Código Aduanero, bajo pena de entre 6 meses y 4 años de prisión).
También se les atribuyó la coautoría de la tentativa del contrabando de importación calificado por la utilización de un “medio de transporte aéreo que se aparte de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares no habilitados por el servicio aduanero para el tráfico de mercaderías y por el valor de la mercadería” (la avioneta), como establece el artículo 865, incisos e) y i) del Código Aduanero, bajo penas de entre 4 a 10 años de prisión.
El caso
La investigación de la fiscal federal Orsetti inició al ser alertada, el 9 de Julio, por la seguridad del Aeródromo “General Enrique Mosconi”, sobre una maniobra aérea irregular. En la mañana de aquel día aterrizó una avioneta Cessna 210, que provendría de Paraná (Entre Ríos), aunque el plan de vuelo autorizado señalaba que debía provenir desde Santiago del Estero.
Por la tarde, aparecieron los dos acusados. El piloto C.M.P. dijo al personal de seguridad que solo revisarían el tren de aterrizaje de la avioneta Cessna 210, y que no tenían plan de vuelo ni intenciones de despegar. Sin embargo, junto a D.M.A. abordaron la avioneta y realizaron un vuelo de prueba no autorizado, por 35 minutos, tras lo cual aterrizaron y salieron del lugar, previo decirle a seguridad que la aeronave quedaría en el aeródromo hasta el día siguiente, cuando regresarían con combustible.
Los dos hombres subieron a un remise y se dirigieron al hotel General Mosconi (Avenida Ciro Echesortu), donde se alojaban desde el 30 de junio y en la habitación 103.
Fiscalía encomendó a la Gendarmería una serie de tareas de investigación, terminando en allanamientos y detenciones de C.M.P. y D.M.A. al otro día, luego de que abandonaran el hotel y subieran a un remis; siendo detenidos en un control sobre el kilómetro 1423 de Ruta Nacional 34, acceso al aeroclub Vespucio (General Mosconi). En su poder tenían las llaves de la avioneta, dos mochilas con vestimenta, documentación personal, tres bidones de 30 litros cada uno y tres teléfonos celulares respecto de los cuales se solicitó el filtrado preliminar de la información que contenían.
»La avioneta Cessna 210 incautada. Pobladores de Tartagal y General Mosconi reportaron haber observado su vuelo sobre los cielos de la zona (Imagen: Gendarmería Nacional)
Por pedido de la fiscalía, el juez autorizó el registro del cuarto de hotel, donde se encontró el envoltorio de una tarjeta SIM; y al revisar la avioneta (valuada en 150.000 dólares, secuestrada y bajo custodia de Gendarmería), a pesar de peritar la baulera y el interior de la aeronave con expertos de Criminalística de Gendarmería, no encontraron rastros de estupefacientes.
Imputación
En su teoría, la fiscal Orsetti enumeró las evidencias obtenidas y destacó que ambos ingresaron a la Argentina por un paso migratorio ilegal y que se alojaron en el hotel a la espera de instrucciones; apoyado en que, en los teléfonos celulares, encontraron conversaciones de interés y videos del vuelo realizado y de otras aeronaves que les eran ofrecidas.
En base a la investigación, la fiscal federal les imputó haber realizado el vuelo sin habilitación y el intento de contrabando de la aeronave; y solicitó al juez Montoya que convalidara el registro del cuarto de hotel y el filtrado preliminar (triage) de la información hallada en los teléfonos celulares, que fuera autorizada vía WhatsApp al momento de la detención.
El plazo de la investigación preliminar preparatoria se extenderá por 80 días, tiempo de prisión preventiva de los acusados por carecer de arraigo en el país y ante el riesgo de fuga y la gravedad del delito atribuido; y finalmente, solicitó que se analizaran los teléfonos celulares incautados.
Por su parte, el defensor de los dos imputados, Rambert Alexis Ríos, coincidió con la fiscalía en cuanto a la imputación por la realización del vuelo sin habilitación, aunque rechazó la atribución de responsabilidad respecto a la tentativa de contrabando de la avioneta; y pidió que la investigación preliminar y la medida privativa de libertad de sus asistidos se redujera a 30 días.
Los imputados se negaron a declarar, por consejo de la defensa, de manera que el juez Montoya hizo lugar a la imputación formulada por la fiscal y convalidó las medidas jurisdiccionales y la prisión preventiva en los términos solicitados. Destacó la gravedad del hecho, la existencia de indicios respecto a que los imputados se llevarían la avioneta del aeródromo de General Mosconi, que habían ingresado al país de modo irregular y que existía peligro de fuga, dada su falta de arraigo.
El juez también recordó (como declaró el piloto C.M.P. en su interrogatorio) que, en 2010, Paraguay condenó al piloto a 20 años de prisión por tráfico de 440 kilogramos de cocaína; pero al cumplir cinco años de la condena, fue autorizado a regresar a Bolivia, donde terminó de cumplirla.
»La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal (Imagen: captura de Zoom)
