Después de la campaña antiargentina de las últimas semanas, el presidente Javier Milei decidió avanzar con cambios concretos: ahora hay nuevas causales para negarle el ingreso al país -o directamente expulsar- a extranjeros que promuevan este tipo de mensajes.
La medida apunta a quienes fomenten mensajes de odio o inciten a la violencia contra la Argentina, y no se limita a quienes intenten entrar al país: también alcanza a extranjeros que ya viven acá.
El cambio llegó a través del Decreto 681/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica los artículos 29, 62 y 63 de la Ley de Migraciones N° 25.871.
El decreto suma un nuevo inciso al artículo 29, que establece quiénes no podrán ingresar al país. Según el texto, quedarán afuera los extranjeros que hayan:
- Dirigido mensajes de odio —de forma oral o escrita— contra el pueblo argentino.
- Dirigido mensajes de odio contra un ciudadano argentino por su nacionalidad.
- Incitado a la violencia contra el pueblo argentino.
- Incitado a la violencia contra un ciudadano argentino por su nacionalidad.
- Participado en actos de ultraje a los símbolos patrios.
- Incitado a cualquiera de estas conductas.
Ahora bien, hay un punto que vale la pena tener en cuenta: el decreto no precisa qué se entiende exactamente por “mensajes de odio”, “actos de hostilidad” o “ultraje a los símbolos patrios”. Eso deja bastante margen de interpretación en manos de las autoridades migratorias a la hora de aplicar estas causales.
Estas mismas razones también fueron incorporadas al artículo 62, lo que significa que podrán usarse para cancelar la residencia de extranjeros que ya estén viviendo en el país. En esos casos, la autoridad migratoria podrá intimarlos a irse o, directamente, expulsarlos.
El artículo 63, por su parte, fue ajustado para adaptar el procedimiento a estas nuevas causales.
Un dato importante: la normativa aclara que la crítica política, académica o ciudadana; y el disenso ideológico en general, no pueden usarse como excusa para negar el ingreso o expulsar a nadie, siempre que se trate de un ejercicio legítimo de los derechos que garantiza la Constitución.
En los fundamentos del decreto, Milei sostiene que en los últimos años crecieron notablemente los mensajes de odio y los gestos de hostilidad hacia el pueblo argentino, su cultura y su identidad. Por eso, considera necesario poder frenar el ingreso o la permanencia de quienes protagonicen ese tipo de conductas.
Al mismo tiempo, el texto reconoce la tradición argentina de puertas abiertas hacia la inmigración, pero remarca que el Estado conserva la potestad de fijar las reglas de admisión, permanencia y expulsión de extranjeros para cuidar el orden público, la seguridad y la cohesión social.
