Una veintena de motocicletas fue sustraída del galpón municipal ubicado sobre la Ruta Provincial 86, en la zona del barrio San Silvestre. El director de Tránsito Municipal, Rubén Antonio Sardina, confirmó la cantidad de moto vehículos en diálogo con FM Alba y brindó detalles sobre el estado del inventario y de la investigación judicial, en medio de la preocupación de los propietarios que habían visto sus vehículos secuestrados en distintos controles viales.
El robo se habría cometido entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, y salió a la luz de casualidad: pasadas las 10:30 de la mañana, personal municipal llegó al predio para devolverle su moto a un vecino y notó que los candados del portón de ingreso -y de varios sectores internos- habían sido forzados a palanca. Tras revisar el inventario del depósito, donde hay más de cien unidades guardadas, la Dirección de Tránsito constató que faltaban 20 motos.
El episodio también dejó al desnudo las falencias del lugar: según reconoció el propio funcionario, el predio no cuenta con cámaras de seguridad ni con personal de vigilancia nocturna. La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal N° 2, que ya dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística de la Policía de Salta. Como resultado de los primeros rastrillajes en distintos barrios, se lograron recuperar siete de las motos robadas y se demoró a dos personas sospechadas de estar vinculadas al hecho.
Más allá de lo penal, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: la responsabilidad legal del Estado municipal por los bienes que quedan bajo su custodia. Cuando la Comuna secuestra un vehículo por una infracción de tránsito, se convierte automáticamente en depositaria de ese bien, y la ley la obliga a resguardarlo con el mismo cuidado que le exigiría a cualquier particular.
En ese sentido, Sardina fue categórico: al tratarse de bienes bajo guarda oficial, es el Municipio el que debe responder patrimonialmente ante cualquier faltante o daño. El funcionario buscó llevar tranquilidad a los damnificados al asegurar que, una vez que regularicen su situación ante el Tribunal de Faltas, la Comuna se hará cargo de resarcir a quienes hayan sufrido la pérdida o el deterioro de sus rodados.
El caso no solo implica un fuerte costo económico para las arcas municipales -que podrían enfrentar demandas por daños y perjuicios- sino que también deja en evidencia serias fallas en los protocolos de custodia institucional. Mientras la Justicia avanza para recuperar las motos restantes y dar con los responsables, el Ejecutivo municipal deberá explicar cómo un predio oficial de resguardo quedó tan desprotegido.
