El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Anastasio Vázquez Sgardelis, condenó en juicio abreviado al juez de Paz de Aguaray por ser autor de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Fue condenado a un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación.
El acusado, Freddy Josué Chocobar, reconoció que no entregó a dos beneficiarias dinero depositado en el Juzgado de Paz de Aguaray. La Corte de Justicia allanó su inmunidad y lo suspendió del cargo en diciembre pasado. Como parte de la condena, deberá devolver 690 mil pesos.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Distrito Judicial Norte; Jorge Armando Cazón; representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que Chocobar fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación, como autor de los delitos de “administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, por dos hechos”.
La investigación del Fiscal comenzó a partir de denuncias vinculadas a dinero correspondiente a cuotas alimentarias que era depositado en el Juzgado de Paz de Aguaray y no era entregado a sus beneficiarias. Chocobar reconoció ambos hechos. En uno de ellos admitió que una mujer fue al Juzgado de Paz a retirar 370 mil pesos depositados en concepto de cuota alimentaria y que no entregó; como también reconoció un segundo caso en el que otra beneficiaria tampoco recibió los fondos depositados con la misma finalidad.
Según se indicó, existía un acuerdo entre el denunciante (que abrió el caso) y su ex pareja. El hombre depositaba el dinero correspondiente a la cuota alimentaria en el juzgado de Paz de Aguaray para la mujer retiraba el monto en efectivo desde allí. A principios de este año, el damnificado denunció que el juez de Paz le había entregado a su expareja cien mil pesos, cuando el monto fijado era de trescientos setenta mil pesos.
Ante la inmunidad constitucional de Chocobar por su condición de juez de Paz, el fiscal Cazón accionó para lograr su sometimiento a la jurisdicción penal y solicitó formalmente el allanamiento de esa inmunidad; requerimiento otorgado por unanimidad por la Corte de Justicia de Salta (organismo que ejerce control sobre los jueces de Paz de Salta) y se dispuso suspenderlo provisoriamente del cargo. Así, la Fiscalía pudo avanzar con el proceso penal que culminó ahora con su condena.
Como parte del acuerdo, ahora Chocobar deberá restituir a las víctimas un total de $690 mil. La primera cuota ya fue depositada y deberá completar los pagos restantes conforme a lo establecido.
También, y durante dos años deberá fijar residencia, someterse al cuidado del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados, y abstenerse de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familias, así como de ejercer actos de amenaza o violencia física o psíquica contra ellas. El acuerdo de juicio abreviado fue homologado por el juez del Tribunal de Juicio. (Poder Judicial de Salta / Ministerio Público Fiscal de Salta)
