Argentina inicia una reforma de su sistema de justicia penal juvenil. Tras los 180 días previstos desde su promulgación en marzo, la Ley 27.801 entra en vigencia en todo el país y establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La implementación de la ley deja sin efecto el antiguo Decreto-Ley 22.278, vigente desde 1980, y modifica el modo en que se abordan los delitos cometidos por adolescentes.
Uno de los cambios que más debate generó es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. Desde ahora, los jóvenes de entre 14 y 17 años que cometan delitos podrán quedar sometidos a un proceso penal especializado, en reemplazo del anterior esquema tutelar.
Aun así, especialistas e integrantes del fuero judicial señalan que la norma no se limita a endurecer las respuestas frente al delito. También incorpora garantías y medidas orientadas a la reinserción de los adolescentes con pena máxima de 15 años. La norma establece un máximo de 15 años de privación de la libertad, incluso cuando el delito investigado sea de los más graves previstos en el Código Penal.
También establece la prohibición de la prisión perpetua. La ley impide imponer penas de reclusión o prisión perpetua a menores, en línea con los tratados internacionales de derechos humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez establece encierro como última ratio, esto es la privación de la libertad en centros juveniles especializados -y no en comisarías ni cárceles de adultos- queda reservada para delitos violentos o de extrema gravedad. Como alternativa, se priorizan las medidas socioeducativas, la reparación a la víctima y la continuidad escolar.
Finalmente marca la especialización judicial y recursos. Los fueros provinciales y federales deberán contar con jueces, fiscales y defensores capacitados en derechos de niños y adolescentes, además de los recursos necesarios para adaptar las instituciones.
A partir de la entrada en vigencia de la ley, buena parte de la implementación queda en manos de las provincias. Los distintos distritos judiciales deberán completar la infraestructura, poner en funcionamiento los centros especializados y capacitar a los operadores del sistema para aplicar las nuevas reglas.
En la provincia de Salta, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil enfrenta desafíos particulares: aún se requiere la adecuación de infraestructura especializada para adolescentes, la capacitación de jueces y fiscales en derechos de niños y adolescentes, y el fortalecimiento de programas socioeducativos que garanticen la reinserción y la continuidad escolar. Además, persiste un debate social sobre la reducción de la edad de imputabilidad, con organizaciones de derechos humanos advirtiendo que sin recursos suficientes la reforma corre el riesgo de quedar en letra muerta.
