En diálogo con FM Alba, el Asesor de Incapaces N° 1 de Tartagal, Dr. Juan José Andreu Emran, analizó el alcance de la Ley 27.801, alertó sobre conductas comunes que pasarán a ser delito a partir de los 14 años y enfatizó la falta estructural de profesionales de la salud mental en la región.
La aprobación y puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) continúa generando debate en los distintos estamentos de la Justicia, en especial respecto a las condiciones reales para su implementación en el interior del país. En declaraciones radiales a FM Alba, el Dr. Juan José “Neil” Andreu Emran, titular de la Asesoría de Incapaces N° 1 del Distrito Judicial Norte – Tartagal, expuso una mirada crítica sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y enumeró las falencias de infraestructura que amenazan la operatividad del sistema en la zona.
Al abordar la reforma, Andreu Emran señaló que la postura mayoritaria entre los asesores no acompañaba la reducción de la edad penal. De acuerdo con el funcionario, la legislación impone un límite basándose únicamente en la edad biológica, ignorando evidencia aportada por la neurociencia que demuestra que la maduración cerebral es un proceso progresivo que concluye recién entre los 22 y 25 años.
Uno de los ejes centrales de la advertencia vertida por el funcionario judicial radica en las conductas cotidianas de los adolescentes de 14 y 15 años que, bajo el nuevo régimen, ingresarán de lleno al ámbito de la justicia penal. El doctor Andreu puso como ejemplos como el uso o alteración del DNI para ingresar a locales nocturnos o boliches, la tenencia, reenvío o difusión de imágenes de contenido sexual explícito a través de aplicaciones como WhatsApp, delito que contempla penas de entre 1 y 6 años de prisión y tocamientos o manoseos no consentidos en ámbitos escolares o sociales -históricamente minimizados bajo la etiqueta de “chistes”- que quedan encuadrados bajo la figura jurídica de abuso sexual simple.
Asimismo, la normativa vigente deja sentado el principio de responsabilidad civil de los padres, quienes deberán responder económicamente por los daños y perjuicios derivados de los delitos cometidos por sus hijos menores.
Respecto al panorama local, el asesor detalló que en el distrito judicial Tartagal la cantidad de adolescentes privados de la libertad o institucionalizados es reducida (un promedio de entre 5 y 7 jóvenes), debido a que se priorizan la contención en el núcleo familiar y las medidas alternativas, manteniendo la privación de la libertad como última ratio.
Sin embargo, remarcó que la gran mayoría de los hechos delictivos protagonizados por menores en la zona están directamente atravesados por el consumo problemático de sustancias -principalmente paco-, donde el delito opera como medio de financiamiento de la adicción.
Respecto a los indicadores y la situación en el Distrito Norte, la realidad de Tartagal muestra que la población juvenil institucionalizada o privada de la libertad es reducida, manteniéndose en un promedio de entre 5 y 7 adolescentes. La causa principal de los delitos en este grupo está fuertemente atravesada por las adicciones y el consumo problemático de sustancias, principalmente paco. A esta problemática se le suma una severa carencia de recursos en el sistema de salud, donde no existen guardias de psicología ni psiquiatría durante los fines de semana, y todo el distrito cuenta con la presencia de un solo especialista en psiquiatría para atender la demanda local.
El punto más crítico señalado durante la entrevista fue la falta de recursos humanos especializados en el sistema de salud pública regional. Andreu Emran denunció la inexistencia de guardias de psicología y psiquiatría durante los fines de semana y la presencia de solo un psiquiatra para cubrir toda la demanda local.
Para el funcionario, la aplicación efectiva de la Ley 27.801 requiere una política pública con perspectiva federal y territorial que contemple incentivos concretos (como mejoras salariales o facilidades de vivienda) para radicar profesionales de la salud mental en el norte salteño; de lo contrario, la reforma correrá el riesgo de transformarse en una norma inaplicable en el territorio.
