Las cooperativas que cortaron el paso el jueves 17 en Ruta 34, a la altura de Cuña Muerta en Tartagal, levantaron el bloqueo a las 18 horas; por lo que el tránsito fue normal este viernes en todo el departamento. Sin embargo, Cristian Fernández anticipó que la semana próxima volverán con los reclamos y sumarán presentaciones legales, ya que desde tanto el gobierno provincial como el municipal presentan discursos cruzados sobre los fondos que reclaman.
Fernández detalló las leyes que defienden el trabajo de las cooperativas y recordó que en el caso puntual de la que él encabeza, lo que exigen es el pago por la construcción de tres aulas en la comunidad Yacuy, como así también que se determine el futuro laboral. No desconoció las denuncias que fueron radicadas hacia dirigentes por parte del intendente Franco Hernández Berni, pero remarcó que “ya que no hay respuestas favorables (…) existen leyes que están vigentes a nivel nacional y provincial”.
Detalló, entre esas leyes, la Ley Nacional N° 7.542 (“contratar cooperativas es una obligación, no un favor”), la Ley 8.172 (“se debe dar preferencia legal a las cooperativas y no empresas que lleguen de otros lados”), la Ley 20.337 (“las cooperativas se definen como entidades sin fines de lucro, fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua”) y la Ley 27.000 (Ley de Economía Social).
“Lo que pedimos es la intervención de oficio del ministro de Gobierno y Derechos Humanos de Salta, Ignacio Jarsún (…) no necesita una carta abierta ni denuncia formal porque son hechos de conocimiento público (…) son obligacones que nacen del artículo 11 de la Ley 5.348 y del artículo 12 de la Ley 7.922″, siguió Fernández, en cuyo petitorio recuerdan que la intervención debe ser inmediato, exigiendo al intendente (Hernández Berni) que en un plazo de 48 horas un “listado de contrataciones desde enero del 2026, adjudicatorios, montos”, en cumplimiento a las Leyes 7.542 y 8.172; expresó.
Este petitorio llevarán a Salta Capital, en unión con otras cooperativas del departamento San Martín que presentan una situación similar. “También agregamos la discriminación en cuanto a contrataciones, la estigmatización de la que somos objeto por parte del Intendente (…) como ministro de Gobierno (Jarsún) nos debería atender, pero se lava las manos y dice que a nosotros no nos puede atender porque es una orden del gobernador (Gustavo Sáenz)”, cerró.
