Luego de estar prófugo desde el sábado 3 de octubre, el ex intendente de Aguas Blancas; Carlos “Conejo” Martínez; se entregó este miércoles por la tarde a las autoridades de la Comisaría N° 25, de Orán. Martínez iba a ser arrestado en el marco de una investigación federal. La Justicia imputó a 11 personas y dictó prisión preventiva para siete de ellas.
El exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, permanecía prófugo luego de escapar el sábado, cuando un operativo federal se disponía a detenerlo. El ex dirigente es señalado por la Fiscalía como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Sorpresivamente, se entregó en la Comisaría N° 25, perteneciente a la Unidad Regional N° 2, en el B° Aeroparque de la San Ramón de la Nueva Orán.
La causa que involucra a Martínez, impulsada por la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), inició luego de casi dos años de pesquisas. Como parte del operativo se realizaron 32 allanamientos y se detuvieron 11 personas, entre ellas integrantes del entorno familiar de Martínez y dos contadores.
Tras una audiencia de seis horas, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso la prisión preventiva efectiva para siete de los detenidos y estableció distintas medidas restrictivas para los cuatro restantes; además de fijar un plazo de seis meses para que la Fiscalía concluya la investigación.
La hipótesis fiscal indica que los imputados habrían integrado una asociación ilícita destinada a incorporar al circuito económico legal dinero presuntamente proveniente del narcotráfico; entre los cuales se encuentran Miguel Ángel Martínez y Jessica Elizabeth Martínez (hijos), Nancy Mirta Cordero (ex esposa), y Tamara Tapia (actual pareja). También están imputados los contadores Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. Ambos habrían ayudado a bancarizar fondos e incorporar bienes de presunto origen ilícito al sistema financiero.
La investigación también alcanza a Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez (colombiano), Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas. Aragón Rodríguez, radicado desde hace 16 años en Orán, habría utilizado una carpintería como cobertura para desarrollar un sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”.
En los procedimientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, computadoras, notebooks y pendrives. El juez autorizó el peritaje de los dispositivos y el pedido de información a las empresas telefónicas para analizar comunicaciones y otros elementos que puedan aportar a la investigación.
César “Oreja” Martínez y Abra del Sol
En diciembre de 2025, “Conejo” Martínez fue condenado en una causa provincial a 1 año y dos meses de prisión efectiva, y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional; pena que cumplió bajo prisión domiciliaria, ya finalizada al momento del operativo federal último.
Martínez, mediante un juicio abreviado, estaba acusado de haber recibido y compartido información confidencial relacionada con la investigación por el asesinato de su hermano, César “Oreja” Martínez (2023); y reconoció haber influido sobre testigos y eliminado información de dispositivos para obstaculizar la pesquisa.
Dicha causa y “Abra del Sol” no están relacionadas con la investigación federal pero tienen en común, además del ex intendente, a otro imputado. Dimas José Ruiz tiene pendiente un juicio provincial por el robo a la empresa frutihortícola de Orán, firma del que era gerente comercial. El martes 6 de octubre, el Ministerio Público Fiscal de Salta presentó un pedido de pronto despacho ante el Tribunal de Juicio. La causa fue elevada a juicio en marzo de 2025, pero no tiene fecha para el debate oral.
El 16 de diciembre de 2022, un grupo de personas armadas y con rostros cubiertos ingresó a la empresa, redujo al personal y se llevaron 13 millones de pesos, 160 mil dólares y una camioneta. Ruiz está acusado de haber simulado ser una víctima y de informar a los ladrones para concretar el robo. La demora en el avance del expediente provocó el vencimiento de los plazos de prisión preventiva de Ruiz y de Matías Ezequiel Malissia, por lo que pidieron fijar juicio oral y público.
