El gobernador Gustavo Sáenz anunció que ARCA postergó por 120 días la aplicación de los cambios al régimen de tráfico vecinal fronterizo, lapso durante el cual analizarán en mesas de trabajo la situación comercial y cómo deberían introducirse las modificaciones pretendidas. La Asociación de Bagalleros 27 de Mayo del Gran Chaco, de Yacuiba, había establecido un acuerdo con plazo de 15 días para atención de sus demandas; mientras que los municipios de Aguas Blancas y Salvador Mazza presentaron acciones de amparo colectivo.
Por medio de sus redes sociales, el gobernador Sáenz anunció que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergó por 120 días la aplicación de los cambios al régimen de tráfico vecinal fronterizo, tiempo durante el cual trabajarán en mesas para analizar la situación comercial en la frontera y cómo deberían introducirse las modificaciones pretendidas.
La medida, que comenzó a regir el 10 de octubre pasado, inquietó a las localidades de frontera en Orán y San Martín. Esta semana, la Asociación de Bagalleros 27 de Mayo del Gran Chaco (Yacuiba – Bolivia) había bloqueado el paso por el Puente Internacional de San José de Pocitos (Yacuiba), y tras firmar un acta de compromiso con autoridades nacionales, regionales y policiales, levantaron la medida bajo un plazo de 15 días para presentar avances en la atención de las demandas contra las restricciones impuestas.
Tanto del lado argentino como boliviano, en zonas de frontera se vio afectado el comercio, dado que las nuevas disposiciones argentinas limitaban a 10 kilogramos el ingreso de productos como harina, soja y maíz; siendo la primera una de las principales herramientas de trabajo de los bagayeros y con la nueva resolución, redujeron actividad al 30 por ciento de su capacidad.
Los municipios argentinos de Aguas Blancas y Salvador Mazza, por otro lado, presentaron una acción de amparo colectivo contra ARCA, con el objetivo de frenar las restricciones al comercio fronterizo; demanda que fueron presentadas por Adrián Zigarán (interventor de Aguas Blancas), y Gustavo Subelza (intendente de Salvador Mazza) ante la Justicia Federal de Salta, pidiendo declarar inconstitucional y nula la Resolución General 5910/2026.
Además, habían solicitaro una medida cautelar para suspender la aplicación de la normativa en ambos pasos fronterizos y restablecer las condiciones anteriores, cuestionando los principales ítems que la componen.
