La Corte Suprema de Justicia de Salta avaló el régimen electoral establecido por la Ley 8.535, dictado por la Legislatura Provincial como parte de las atribuciones que le son propias y que es compatible con la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. El Tribunal estableció así que la elección del sistema electoral es una decisión política, no judicial.
La Corte destacó que las provincias están facultadas para establecer su propio régimen electoral de acuerdo a los artículos 5°, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional; mientras que el artículo 56 de la Constitución Provincial defiere a la ley la determinación del régimen electoral y que el artículo 127, inciso 16, confiere a la Legislatura amplias facultades para reglamentarlo de acuerdo con las circunstancias políticas y sociales.
De esta manera, el Tribunal precisó que elegir un determinado sistema electoral corresponde a los poderes políticos del Estado y que el sistema de asignación de cargos previsto por la Ley de Participación Democrática respeta el sistema de elección directa establecido por la Constitución Provincial: la designación de los candidatos es la manifestación inmediata del cuerpo electoral, sin intermediarios.
Sobre el requisito del artículo 2° de la ley, que exige presentar candidaturas en al menos 15 departamentos para postular candidatos a gobernador y vicegobernador, es razonable y una condición de organización y participación territorial de las fuerzas políticas, correspondiendo con la naturaleza de las funciones del gobernador (representa a la Provincia en la totalidad de su territorio), y que los requisitos personales para acceder al cargo están fijados en la Constitución Provincial.
De la misma forma, es razonable exigir que los frentes electorales estén constituidos por al menos dos partidos políticos, siendo coherente con el propósito de la ley de asegurar la mayor representatividad de las fuerzas que compiten. La ley respeta el principio de igualdad, y trata por igual a quienes se encuentran en igualdad de circunstancias y; en cambio; distingue entre partidos políticos y alianzas electorales, que se encuentran en situaciones diferentes.
Las acciones habían sido interpuestas por Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (Expte. CJS 978.543/26 – Acción Popular de Inconstitucionalidad); Claudio Ariel Del Plá (Expte. CJS 978.978/26); y Alejandro Patrón Costas (Expte. CJS 978.881/26). (Poder Judicial de Salta)
