El pasado 7 de febrero, un abogado de la empresa Vertúa SA radicó denuncia por el robo de caños pertenecientes al tramo del gasoducto NEA, hecho en el cual se encontraría implicado el ejecutivo municipal de Aguaray. De acuerdo con información revelada, se aprobó la venta de propiedad del estado a una empresa mendocina.
El periodista Kimón Demitrópulos expuso la situación exhibiendo la denuncia radicada el 7 de febrero en Salta Capital por el abogado Andrés Matías Schteinbarg, representante de la empresa de Servicios Vertúa SA. El letrado aseguró que fue informado sobre el robo de caños por pobladores de la zona de Tonono.
En el texto de la denuncia, agregó que personal de la misma empresa había fotografiado una madrugada en Ruta Nacional 34 a un camión que transportaba caños de gran porte, imagen que fue fechada como 26 de enero de 2020, a las 00.30 horas.
La denuncia constata que detectaron camiones y retro palas desenterrando los caños pertenecientes a la obra del gasoducto del NEA y cargados; en ese momento; a dos camiones. La sorpresa adicional fue encontrar que los choferes poseían remitos de traslado de los recursos autorizados por el intendente de Aguaray; Ing Jorge Enrique Prado.
Llamativamente, señala el periodista, el 23 de diciembre de 2019 mandó una resolución al Concejo Deliberante de la localidad estableciendo que la obra del gasoducto (actualmente paralizada) es nociva para el medio ambiente.
El hecho se torna más grave aún, ya que Prado habría dispuesto que los caños fueran otorgados a una empresa mendocina; la OSYP S.A. El total de caños extraídos y aparentemente corresponderían a un tramo de poco más de 30 km, que pasan por Aguaray. A precio actual, el valor de un tramo de éstos puede rondar los 5 mil dólares.
