Nuevo Diario de Salta.- Mediante una breve audiencia, el Juez Federal de Garantías de Orán; Gustavo Montoya; dispuso el cese de la prisión preventiva impuesta al ex intendente Jorge Enrique Prado, uno de los 11 imputados por el robo de caños del Gasoducto NEA. El fiscal solicitó una medida de prohibición de acercamiento para que no pueda presentarse en las instalaciones de la Municipalidad de Aguaray.
Dado el avance que lleva la investigación; “una causa muy compleja, no sólo por la cantidad de imputados, sino también por la trama que se llevó adelante para sacar provecho personal de bienes pertenecientes al Estado Nacional“; el fiscal general Eduardo José Villalba, solicitó que se impongan otras medidas de coerción en contra de Prado a fin de garantizar el cumplimiento de testimoniales que restan recibirse.
En primer lugar se impuso un plazo de prisión preventiva al ex intendente, la cual se había dispuesto, en una primera etapa, hasta el 6 de diciembre. Posteriormente y con nuevos elementos probatorios reunidos por la fiscalía en base a testimoniales, el fiscal solicitó una extensión, fijada por el juez Montoya hasta hoy viernes 18 de diciembre.
Fernando Teseyra, defensor de Prado, presentó dos planteos para revocar la prisión preventiva y, de manera subsidiaria, cambiar por arresto domiciliario; ambos rechazados por el juez, por lo que el letrado impugnó los fallos. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones analizó los argumentos, tanto de la defensa como de la fiscalía, tras lo cual rechazó en ambos casos los recursos y confirmó la prisión preventiva hasta la fecha indicada por Montoya.
Prohibición
Los testimoniales revelaron aspectos que fundamentan la hipótesis criminal del caso. El fiscal solicitó medida de prohibición de acercamiento para que Prado no pueda presentarse en las instalaciones de la Municipalidad de Aguaray; como también la prohibición de salir del país y comunicarse, cada 15 días, con la fiscalía a cargo del caso.
Aparte, y como resultado de esos testimonios, es que se solicitaron otras medidas, como el secuestro de documentación y de computadoras. El fiscal Eduardo José Villalba consideró que la fiscalía cumplirá con el plazo de investigación solicitado oportunamente, el cual se vence en febrero próximo, puesto que ya se reunieron numerosos elementos de pruebas, como así también recordó que se recuperaron más de 300 caños a partir de las medidas impulsadas desde la Unidad Fiscal.
