Desde este lunes 15 de abril, en la provincia de Salta es Ley 8.421 la normativa que establece el cobro de arancel en salud pública a extranjeros que demanden los recursos provinciales. El gobierno de Salta, a través del decreto 205, convierte así en ley el decreto 129, dado a conocer a fines de febrero por el ministro de Salud, Dr. Federico Mangione.
Por medio del decreto 205, publicado hoy en el Boletín Oficial de Salta, el gobierno provincial legalizó como Ley 8.421 el cobro de aranceles a ciudadanos extranjeros que soliciten atención médica, tratamientos y cirujías (incluso de alta complejidad) en territorio salteño; medida que inició a partir del DNU 129 en febrero de este año. Los valores que se aplican son los mismos que el IPSS reconoce a las clínicas privadas en internación (100.000 pesos/día), internación en salas intermedias (190.000 pesos), internación en terapias intensivas (250.000 pesos), parto (245.000 pesos/parto) y terapia neonatal (250.000 pesos/internación).
El proyecto fue abordado en la sesión del 4 de abril en la Cámara de Senadores (Nota Nº 147/2024 – Expte. Nº 90-32.511/2024), aprobando la iniciativa que posteriormente se giró a la Cámara de Diputados “sin haber sido rechazado o aprobado por ésta, conforme al artículo 145 de la Constitución Provincial”; se lee en los considerandos; por que, cumplidos los plazos establecidos . La ahora ley incluye en la prestación gratuita de los servicios sanitarios a los extranjeros bajo condición “residente permanente” ó “residente temporario”, tal como anunciara el Dr. Federico Mangione, ministro de Salud de Salta, cuando se lanzaba el DNU 129; agregando que cruzarían datos con el Registro Civil y los organismos de control en caso de ser necesario para contar con una base de datos actualizada.
Los servicios no se negarán ó restringirán en caso de urgencia o emergencia, si bien posteriormente el estado provincial cobrará los gastos ocasionados por la atención. La medida, cabe recordar, surgió de un estudio de costos de readecuación del presupuesto 2024 ante los recortes de Nación y de allí surgió que entre el 5 y 10 por ciento del total en salud pública se destinaba no solo en medicamentos o internaciones, sino también cirugías; incluso de alta complejidad que requerían ciudadanos extranjeros.
