El presidente de la Cámara de Diputados de Salta; Santiago Godoy; avaló el proyecto de amparo judicial y proyecto de ley para el bloque Justicialista que presentó el diputado nacional Javier David junto con Sergio Leavy en conjunto con demás legisladores. “La verdad es que, desde el momento mismo en que se dolarizó el pago de los servicios públicos, empezó a ser un sufrimiento para todos los argentinos”, señaló David.
En el artículo 1 del proyecto se solicita “derógase la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial del 5 de octubre de 2018″.
Para Godoy la resolución de la Secretaria de Energía de la Nación significará un monto superior a los diez mil millones de pesos, mientras que para cada usuario le significará una erogación, prevista en 24 meses, de entre 500 y 600 pesos por cada cuota. El amparo presentado solicita declarar la “ilegalidad y nulidad de la Resolución 20/2018“.
Sobre este punto, el proyecto de David recuerda en el artículo 2 que “la imposición de cargos extra por consumos de gas debe ser aprobado en Audiencias Públicas que garanticen la participación de consumidores, y el acceso a una información adecuada y veraz, y la transparencia del proceso decisorio y sean tomados en cuenta en los resolutorios”.
La norma publicada en el Boletín Oficial y que lleva la firma del secretario de Energía Javier Iguacel estableció que las diferencias diarias acumuladas y actualizadas al 31 de diciembre de 2018 “a la tasa activa cartera general diversa del Banco de la Nación serán distribuidas por las prestadoras de la distribución a cada usuario proporcionalmente, tomando en consideración los volúmenes consumidos durante abril-septiembre de 2018”.
El Poder Ejecutivo recordó que la Ley Nº 24.076 prevé que “las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladados a la tarifa final, al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista”.
No obstante, el proyecto de ley remarcó que “cualquier compensación que surja de la pérdida del valor del tipo de cambio en el precio del gas ya abonado por las distribuidoras a las productoras, debe, obligatoriamente, ser tratada en Audiencia Pública Deliberativa con la necesaria presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, que deberán precisar el impacto del cargo extra en el valor total que abona el Usuario Final, determinando una tarifa que deberá ser justa y razonable, y que no podrá aplicarse a los usuarios de manera retroactiva, sino solo para los consumos futuros”, punto que se refleja en el Artículo 3 del documento de David.
Organizaciones de consumidores del país, por otra parte, se están llamando a repudiar el incremento e incluso comparten vía redes sociales modelos de cartas para impugar el futuro aumento.
