Ministerio Público Fiscal.- En las dos primeras audiencias del juicio seguido a Ramón Jesús Cortez, Teodoro Arias y su hijo Enzo, el fiscal general Eduardo José Villalba; en representación del Área Procunar NOA de la Unidad Fiscal Salta; expuso la prueba documental, técnica y testimonial que compromete a los acusados en el debate que aborda su responsabilidad en el denominado “Caso Lapad”.
El juicio, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y la utilización de un menor de edad, se lleva adelante los miércoles en el Tribunal Oral Federal Nº 1, bajo la dirección del juez Federico Díaz y con la intervención de los vocales Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek. En su turno, la fiscalía pidió la declaración de varios efectivos de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional, quienes tuvieron distintos roles a lo largo de la investigación del caso.
Cortez y los Arias están acusados como integrantes de la banda que el 18 de octubre de 2019 llevó adelante el transporte de 29 kilos de marihuana, desde Morillo (próxima a la frontera con Paraguay) a Embarcación, escala previa a su destino final: la capital de Salta. Por esta operación, neutralizada ese mismo día por la investigación llevada adelante por la PROCUNAR NOA, once personas fueron detenidas, entre ellas los jefes de la organización, Juan Lapad y su hijo Sergio, quienes ya fueron condenados a 6 años de prisión en el marco de un juicio abreviado.
El caso alcanzó gran trascendencia en Salta, ya que Juan Lapad es hermano del senador por el departamento Rivadavia y también vicepresidente primero la Cámara de Senadores de la provincia, Mashur Lapad, y de una funcionaria que ocupa un alto cargo en la justicia salteña. Según la fiscalía, los vínculos políticos eran utilizados por los líderes de esta organización, según surge de algunas de las escuchas telefónicas captadas, en las cuales se habla de ciertos datos aportados por “los tíos”.
Testimoniales
Al momento de explicar cómo se gestó y se llevó adelante el transporte de la droga, y en especial el rol que tuvieron los tres acusados, los testigos presentados por la fiscalía refirieron la participación de Cortez y los Arias en el delito imputado.
Los primeros en hacerlo fueron los efectivos de la Gendarmería Nacional que dirigieron las pesquisas, bajo la dirección de la Procunar NOA, quienes describieron en detalle los movimientos de los tres acusados. Indicaron que la investigación se inició el 26 de julio de 2019, cuando se profundizó la pesquisa en torno a un informe que daba cuenta del accionar de tres personas que se dedicaban a obtener droga de Paraguay para luego trasladarla a Alto La Sierra, en el Departamento Rivadavia.
Uno de los testigos sostuvo que se estableció que Eduar Santillán, también condenado a 4 años de prisión en un juicio abreviado, había acordado con los Arias la venta de una carga de marihuana. Los testigos dijeron que el estupefaciente era para Juan Lapad, quien estaba al frente de la organización y buscaba un proveedor. A la postre, Teodoro Arias, padre de Enzo, quien se encargó de acordar con Santillán la droga requerida.
Intervenciones
Los testigos de la fuerza de seguridad explicaron que los Lapad querían una carga aún mayor de la secuestrada, pero que debieron conformarse con los 29 kilos que Santillán le entregó a los Arias, aunque en ello tuvo una importante demora, situación que generó cierta tirantez y reclamos. El fiscal Villalba, asistido por los auxiliares Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, quienes dirigieron también las pesquisas, presentó al tribunal numerosas intervenciones telefónicas que apuntalaron lo declarado por los testigos.
En otro tramo de la hipótesis criminal presentada por la fiscalía, Villalba pidió la declaración de otros efectivos, tanto de la Policía de Salta y de la Federal, quienes tuvieron distintas participaciones en los procedimientos que permitieron la detención de la organización, y la recolección y análisis de elementos secuestrados, como los teléfonos celulares.
Relataron que días previos al 18 de octubre, Arias mantuvo varios diálogos con Sergio Lapad, y éste a su vez con su padre, en los que reportó que la droga finalmente ya estaba en Morillo a la espera de ser transportada a Embarcación, y desde allí a Salta. También se mencionaron contactos telefónicos con Cortez, quien dialogaba con Sergio Lapad, ejecutor de las órdenes de su padre en el norte. No obstante, se comprobó que este acusado tuvo diálogos directos con Juan Lapad, en una especie de doble verificación de los movimientos en esa zona.
En “tiempo real”
Al referirse al día elegido para transportar la droga, los testigos describieron cómo (en tiempo real) a través de los teléfonos intervenidos de los acusados y el impacto de sus celulares en las antenas de la zona, se pudo seguir los movimientos de todos los implicados. Así, por ejemplo, sostuvieron que Sergio Lapad se comunicó con Cortez para que saliera a “barrer” la ruta 5, elegida para el transporte, tarea consistente en alertar sobre la presencia de controles o vehículos de la Gendarmería u otra fuerza de seguridad.
Los testigos contaron que Cortez fue detenido por la policía, pero no porque haya sido descubierto sino para que hiciera de testigo en otro procedimiento antidroga. Esto se conoció, casualmente, cuando el acusado llamó a su pareja para contarle lo ocurrido. En ese diálogo, la mujer, al escuchar que había sido detenido por la policía, enseguida cometió la infidencia de averiguar si la droga en cuestión “es de ustedes”, a lo cual Cortez respondió que “no” y le recomendó que se quedase “tranquila, que está todo bien”.
En otros diálogos, en tanto, Cortez informó que la ruta estaba complicada debido a que había mucha presencial de vehículos de distintas fuerzas, lo cual cambió el 18 de octubre, cuando Sergio Lapad decidió hacer el transporte, pues en una localidad de la zona había un festival y estimó que ello jugaba a su favor.
De esta manera, los testigos se refirieron a los diálogos entre los acusados, antes y durante el procedimiento, como a otros imputados, quienes, al enterarse del secuestro de la droga, también comenzaron a cruzar llamadas en las que hicieron referencia a la actuación judicial. Por último, la fiscalía presentó también a los peritos que realizaron el análisis del impacto de las llamadas en las antenas de la zona, entre otros estudios técnicos que el fiscal Villalba presentó para ratificar la hipótesis criminal del caso.
