El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, decidió derivar la investigación de la desaparición de Rosmary Aramayo Torres a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y caratuló la causa como femicidio. Inicialmente, el hombre sostuvo que la mujer había decidido no regresar de Bolivia por voluntad propia, pero surgieron contradicciones en su relato que llevaron a su detención e imputación.
El imputado en cuestión relató que el 17 de enero, mientras se encontraba junto a su pareja en las inmediaciones del río en un lugar conocido como Pozo La Yegua, se produjo un desborde de tierra y la mujer cayó al agua. Según el hombre, no pudo rescatarla debido a que no sabía nadar y permaneció en la orilla esperando que ella saliera, lo cual nunca ocurrió. Afirmó estar en estado de shock y dispuesto a colaborar para identificar el lugar exacto de los hechos.
Ante la declaración ampliada del imputado, realizada el 21 de enero a las 19:54 en presencia de su abogado defensor, el fiscal Cazón resolvió remitir el caso a la UGAP. Considerando que la causa excede su competencia, la nueva unidad será responsable de profundizar en la investigación y corroborar la versión del imputado con las diligencias pertinentes.
La Fiscalía busca ahora determinar la veracidad de los hechos y si efectivamente se trata de un caso de femicidio. La investigación continuará bajo la supervisión de la UGAP, quienes llevarán a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer la desaparición de Rosmary Aramayo Torres.
