Nuevo Diario de Salta.- La jueza de Garantías 5° Nominación de Salta, María Edith Rodríguez, decidió no hacer lugar a un pedido de sobreseimiento a los involucrados en la causa “Romero Juan Carlos y otros por fraude a la administración pública, negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal”. El sobreseimiento fue presentado por la defensa técnica de la escribana María Carolina Dellmans Pacheco, una de las acusadas, que planteó el cierre de la causa por el mero transcurso del tiempo, e instó al Ministerio Público Fiscal a continuar con las diligencias necesarias para avanzar en la misma.
En la causa, más conocida como “La Ciénega” se encuentran, además del senador nacional Juan Carlos Romero, Marcelo Alejandro Romero, Walter Wayar, Laura Inés Wayar, María Carolina Dellmans Pacheco, Graciela del Valle Paniella Langou y Sara Josefina Gotilla Silvestre de Castillo. El delito está tipificado en el artículo 174 incisos 5, 265 y 54 del Código Penal. La jueza Rodríguez se basó en una doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de interpretación en la materia destacando que los compromisos nacionales suscriptos por el Estado Argentino, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ameritan continuar con la investigación a pesar del tiempo que transita la causa.
Rsolvió en la misma fecha la instancia de sobreseimiento efectuada por el Ministerio Público Fiscal en la causa seguida en contra de Romero Juan Carlos, Romero Juan Esteban, Medina Raúl Romeo y Funes Ricardo por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y defraudación a la administración pública en la resonada causa de la firma de un comodato y donación entre Aviación Civil y La Represa S.A., cuyo presidente era Juan Esteban Romero.
El requerimiento de sobreseimiento fue presentado en febrero pasado por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, y la jueza Rodríguez, previa vista a todas las partes intervinientes (defensas y Fiscalía de Estado en su carácter de Actor Civil) que acompañaron el pedido en sentido favorable. El viernes pasado, la magistrada resolvió tener por desistida la acción penal instada por la fiscal de delitos económicos y complejos Ana Inés Salinas Odorisio, disponiendo el sobreseimiento en los términos de los artículos 5 y 428 inciso C del Código Procesal Penal de los imputados.
La jueza de Garantías, destaca que el MPF; según la Ley vigente en Salta; es el dueño de la acción penal y quien debe investigar y conducir el proceso, que ante el desistimiento y pedido de sobreseimiento, sumado a las nulidades previas declaradas en instancias superiores, en consonancia con las normas procesales aplicables fundamentó la procedencia de la instancia fiscal. En el sistema acusatorio; recordó en su fallo; los roles están bien delimitados, el del fiscal de acusar y el del juez de resolver los planteos de las partes, sin que el Tribunal jurisdiccional pueda invadir la esfera de actuación del Ministerio Publico Fiscal.
Hizo referencia, además, al derrotero procesal de la causa, en la cual, oportunamente, el Fiscal de Impugnación en cabeza de Leandro Flores se expidió por la nulidad, y posteriormente el Tribunal de Impugnación, representado por Ramón Medina y Luciano Martini, declararon la nulidad del requerimiento de remisión de la causa a juicio y de todos los actos que dependieran, retrotrayendo la misma a la instancia de investigación penal, en la cual, y en febrero pasado, Salinas Odorisio dictaminó, con el planteo de sobreseimiento el argumento que la conducta de los acusados no encuadraba en la figura penal.
La causa “La Ciénaga” refiere a la finca adquirida por la provincia de Salta en 1998; durante la gobernación del actual senador nacional; a través del decreto 1.297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial, por 1.100.000 pesos en paridad con el dólar. El objetivo del decreto era claro: construir viviendas sociales para los sectores más vulnerables. Sin embargo, entre 2004 y 2009, con un nuevo tipo de cambio, el inmueble se revalorizó y fue vendido en tres oportunidades hasta desembocar en la compañía El Carmen S.A., propiedad del hijo del senador, por la módica suma de 100.000 pesos.
La segunda causa es la concesión de un hangar del Aeropuerto “Martín Miguel de Güemes” en Salta Capital. La operación que tuvo lugar 18 días antes de dejar Romero el gobierno provincial, en 2007. La maniobra se concretó mediante la firma de un contrato de comodato entre el entonces director de Aviación Civil, Ricardo Funes con la empresa Finca de la Represa, propiedad de Juan Esteban Romero, hijo del exgobernador. De dicha causa, el senador nacional fue sobreseído.
