El juez Reinaldo Burgos de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal encabeza la audiencia de debate contra las hermanas Díaz, ambas imputadas por distintos delitos. Rosa Fabiola Díaz, ex defensora oficial de Tartagal; y la ex concejal municipal Alejandra Paola Díaz. En el juicio, que se extenderá hasta el viernes 9 de mayo, se escuchará el testimonio de 80 testigos propuesto por las partes y se realizará en horario matutino y vespertino.
El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Rosa Fabiola Díaz como autora de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta de bienes ajenos en concurso real” y contra su hermana, Alejandra Paola Díaz como coautora del delito de “administración fraudulenta de bienes ajenos en concurso real”. La audiencia unipersonal es presidida por el juez Aníbal Burgos y según lo previsto, se extenderá hasta el próximo viernes 9.
Los hechos ocurrieron durante el 2021, donde hicieron actos de disposición de bienes que no les pertenecían y habían sido recolectados para realizar donaciones a comunidades originarias. Las actuaciones de la Fiscalía comenzaron por la denuncia radicada de Sandra Díaz (hermana de las imputadas), de donde surgió que ambas almacenaban en la casa de su madre diversos bienes que habían sido donados el año anterior por la Fundación Nobles (provincia de Santa Fe).
Tanto la colecta de los bienes como su traslado a Tartagal estuvieron a cargo de los responsables de la Fundación, quienes; a su vez; habían contactado al grupo “Corazones Solidarios” (integrado por las hermanas Díaz), para que colaboraran con la logística de entrega a sus destinatarios (comunidades originarias de la zona). Sandra Díaz denunció que algunos de los bienes donados fueron vendidos, y que Rosa Díaz le anticipó que “la mercadería que estaba guardada era para cuando Paola se postule para diputada”.
Los informes policiales y fotográficos, actas de procedimientos y de inventarios, de secuestros del allanamiento, registros domiciliarios, notas manuscritas por diversos caciques de comunidades y numerosas declaraciones testimoniales, indican que una parte de las donaciones recibidas nunca fueron entregadas a sus destinatarios (comunidades), y que esos bienes fueron dejados en el inmueble de la familia de las imputadas Rosa Díaz y Paola Díaz un año antes de su secuestro por orden judicial.
De las declaraciones testimoniales surgió la vent de parte de las donaciones, mientras que otra parte permanecía guardada, con la intención de ser utilizada en una eventual campaña electoral de Paola Díaz. Surgió también de la investigación que tanto Rosa Díaz como Paola Díaz actuaban de manera conjunta en decisiones adoptadas respecto del destino de los bienes donados. Se determinó asimismo que ambas sabían que su madre, Zulema Hurtado, vendía prendas y calzados provenientes de dichas donaciones; y recibían el dinero producto de esas ventas.
El pedido de juicio se elevó el 18 de octubre de 2021, por el fiscal Cabot, en cuyos requerimientos resaltaba que las imputadas incurrieron en administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos al defraudar mediante el abuso de confianza, perjudicando patrimonialmente a un tercero y abusando de los bienes que éste les confió con un determinado objeto y a un título jurídico que no le transfiere su propiedad. Y que se produjo un abuso de confianza que el dueño de los bienes depositó en las personas a las que entregó su administración, cuidado o manejo de tales bienes.
En relación a la acusación contra Rosa Fabiola Díaz por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, inicia a partir de la denuncia realizada por el entonces Defensor General, Pedro García Castiella, en relación a la Defensoría Oficial Civil 1 de Tartagal. En dicha presentación se indicaron los hechos, donde se presume la mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de su titular, toda vez que se advirtieron una cantidad desmedida de trámites pendientes de inicio y en otros casos, de abandono o una inacción, que se traduce en una ausencia de respuesta a sus asistidos. (Ministerio Público Fiscal)
