El expediente 18.449/24, que peticionaba la conformación de una Comisión Investigadora por los concejales Camacho, Gallardo y Ramos, fue pasado a archivo por voto de la mayoría. Sergio González, Manuel Moreno y Carolina Bustillos se abstuvieron. Cada uno de los legisladores comunales citados en el expediente rechazaron las acusaciones culpando a los dos ediles de la oposición de instigar una campaña “hacia una gestión transparente”. La Anses deberá marcar si el accionar es o no delito.
La sesión del viernes 27 en el Concejo Deliberante estuvo marcada por el tratamiento del expediente 18.449/24, ingresado por la edil Margarita Rauch (Bloque Julieta Yurovich), que pedía conformar una comisión a integrar con un edil por bloque para investigar el cobro de sueldo de concejal y haberes de Anses como docente jubilado por sus pares Ramón Ramos, Raúl Camaho y Miriam Gallardo; en lo que constituye un grave hecho de corrupción. Luego de la fundamentación de la autora, cada uno de los señalados se refirió al tema, sin presentar otro argumento que no fuera una supuesta represalia de la oposición hacia ellos.
Ramos aseguró que el entonces gerente de Anses Tartagal (NR: Santiago Moyano) le dijo que no era necesario hacer trámite alguno, ya que con el CUIL bastaba “para que el sistema solo lo realice”. Agregó que “en la Constitución Provincial no hay objeción alguna (…) y yo soy jubilado docente (…) parece que todavía les duele (haber perdido las elecciones)”, finalizaba. La edil Rauch les recordó que la Ley Nacional 24.016/91 “Régimen Especial para Docentes”, la Ley 14.473 “Estatuto del Docente” (y reglamentación) y el Decreto 137/05 “Régimen Previsional Especial para Personal Docente”.
Rauch impulsaba el tratamiento sobre tablas y tras su exposición, luego de Rivero, el edil Camacho argumentó “desconocimiento”, que “no se robó nada porque todo está transparentado” y que Anses dictamina que no aplica un régimen especial “porque en el éjido provincial estos cargos no se pueden tener en blanco porque el entrecruzamiento de información nos obliga a optar (…) nosotros no tuvimos la alterantiva correcta quizás por falta de asesoramiento” (Decreto 849/01) y por lo tanto, cuando Anses lo informó, tuvieron que hacer su trámite.
La edil Gallardo se mostró afectada por las acusaciones y sí reprochó que desde el Municipio, vía presidencia del Concejo Deliberante, no se le informara del decreto de incompatibilidad “tal vez porque no encontraron nada, ya que la gestión anterior hizo desaparecer varias documentaciones”, y como los anteriores dijo “no tener la menor idea” sobre las leyes, y como Ramos, Rivero y Camacho, apuntó hacia el procurador Cardozo (NR: la incompatibilidad sólo aplica al Concejal – Art. 16, Carta Orgánica Municipal) y que “ahora están acá con el dedo acusador como si fueran seres inmaculados” y no dudó en apuntar al radicalismo como “traidores”, por haberla abandonado.
A su turno, el concejal Manuel Moreno criticó que la agenda de trabajo fuese dictada por medios de comunicación y; como el resto del bloque oficialista; acusó a la oposición de haber ignorado una situación similar con el procurador Cardozo cuando desempeñaba como asesor legal; lamentando que no se pudieran debatir temas de mayor relevancia social por estar tratando “una supuesta incompatibilidad”. Cerró resaltando que desde su espacio buscan “claridad”, no debatir “proyectos políticos” y que a su juicio “estamos para debatir como se tiene que debatir y no chiquilinadas como son estas”.
