Aprobada la Ley de Bases con 142 votos a favor, entre otros puntos, Javier Milei tendrá “superpoderes” por un año para decretar todo tipo de medidas. Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, y Ferrocarriles Argentinos serán privatizados. El derecho de huelga estará limitado, los empleadores podrán despedir con mayor flexibilidad a los trabajadores y gran parte de la población no podrá acceder a una jubilación. Trabajadores estatales verán descuentos salariales o en las horas cuando realicen huelgas.
La Ley Bases que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación retrotrae a la década del ’90 y generó polémica inmediata por el impacto que tendrá. De la provincia de Salta, votaron a favor Pamela Calletti, Pablo Outes, Yolanda Vega (Innovación Federal), Emilia Orozco y Carlos Zapata (Libertad Avanza); mientras que Emiliano Estrada (UxP) fue el único que votó en contra. El proyecto pasa ahora al Senado de la Nación, que deberá ratificarlo o rechazarlo. Por Salta, representan Juan Carlos Romero, Sergio Leavy y Nora Giménez.
Se restituye el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, que alcanza a casi un millón de trabajadores; se cambia el régimen de Monotributo, elevando las escalas que se pagan AFIP, y se avaló la reforma a los bienes personales llevando del mínimo no imponible de 11 millones de pesos (12.546 dólares) a 100 millones de pesos (114.059 dólares).
En el primer capítulo se aprueba la declaración de emergencia pública y delega a Milei superpoderes administrativos, económicos, financieros y energéticos por un año, sin necesidad del aval del Congreso. En el segundo capítulo autoriza la privatización total o parcial de empresas públicas; Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, y Ferrocarriles Argentinos, Corredores Viales (concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales), Intercargo (servicios de asistencia en tierra a aerolíneas), Belgrano Cargas (trenes de carga), Nucleoléctrica Argentina (opera las centrales nucleares de Argentina) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (productora de energía), entre otras.
Sin embargo, se excluye al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el instituto científico más importante del país y uno de los más prestigiados a nivel mundial; y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), objeto de ataques por parte de Milei; como así también la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera, entre otras.
Para los trabajadores, se facilitan los despidos y se favorece la precarización (el periodo de prueba aumenta de 3 meses a 1 año), beneficia ndo sobre todo al empleador, ya que puede despedir sin indemnización alguna; y si cuenta con máximo de 5 trabajadores no tendrá la obligación de reconocer la relación de dependencia con ellos, liberándolo de pagar aportes patronales que abarcan jubilaciones y seguro médico, entre otros derechos. Se agrega que si el empleador decide registrar a trabajadores mantenidos por años en relación irregular, no recibirán sanciones por haber evadido los aportes de esos empleados. En otro artículo, se crea el “Fondo de Cese” y se elimina la indemnización laboral, por lo que el trabajador abonará su propia liquidación en caso de eventual despido.
La edad de jubilación para las mujeres se eleva a 65 años y se elimina la “moratoria previsional” (jubilación para aquellos que no llegaban a 30 años de aportes), en un contexto donde la tasa de trabajo “en negro” (no registrado por el empleador) roza el 50 por ciento; de manera que la mitad de los trabajadores nunca suma los aportes necesarios para garantizar una jubilación que queda eliminada.
La producción de hidrocarburos por parte de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF, estatizada en los 90 y reestatizada en 2012) ya no será prioritaria para el abastecimiento interno, por lo que se podrá exportar sin límites y con precios desregulados. La oposición (entre ellas Salta) logró incluir el impuesto a las tabacaleras, cuya discusión tuvo acusaciones de “lobby” empresarial; particularmente hacia el diputado salteño Carlos Zapata. (Agencia NA)
