Tres personas fueron imputadas por el uso adulterado de cartas de porte para el traslado de miles de toneladas de mercadería desde distintos puntos del país hacia Salvador Mazza, desde donde eran llevadas al Estado Plurinacional de Bolivia, evadiendo sumas millonarias en impuestos. Los delitos imputados son por contrabando de granos agravado por el número de intervinientes y el valor elevado de la carga, asociación ilícita y lavado de activos. Se dispuso la prisión preventiva de todo el grupo.
A instancia del Dr. Marcos Romero, responsable de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal; la Dra. Ivanna Hernández, titular del Juzgado Federal de Garantías de Orán, imputó a un hombre y dos mujeres por los delitos de contrabando de granos agravado por el número de intervinientes y el valor elevado de la carga, asociación ilícita y lavado de activos, y dispuso su prisión preventiva; decisión a la cual arribó en audiencia de formalización de la investigación penal del caso, el pasado viernes 16.
Las personas involucradas fueron detenidas el martes 13 de diciembre. Al momento de presentar la acusación, la fiscalía explicó que los acusados conformaban una organización que desde febrero de 2021 se dedicaba al contrabando de granos. La actividad era dirigida por el hombre a través de una red de choferes de camiones, a su vez encargados de trasladar miles de toneladas de granos desde provincias productoras hacia la frontera.
Usando un sistema de postas, la carga llegaba primero a un depósito en Tucumán. Allí los granos eran quebrados y ocultados de acuerdo con lo indicado en cartas de porte adulteradas. Las cartas eran tramitadas a nombre de una empresa que desconocía esta modalidad. Posteriormente, se continuaba viaje hasta otros depósitos; ya en Salvador Mazza. Los granos eran cargados en camiones de menor porte, llevando la mercadería al vecino país por medio de pasos ilegales ubicados; en su mayoría; en fincas privadas.
Esta causa es un desprendimiento de otra investigación en la que se detectaron tres camiones con 30 toneladas de granos, en el cruce de las rutas 34 y 81, a la altura del paraje Senda Hachada. En ese procedimiento se secuestraron las cartas de porte que utilizaba el hombre acusado y los teléfonos celulares de los choferes. Así inició una minuciosa investigación que fue supervisada por el auxiliar fiscal Rafael Lamas.
Allanamientos
Con las pruebas obtenidas en las tareas de campo e inteligencia, la fiscalía dispuso una serie de allanamientos el pasado martes 13 de diciembre. Estos se realizaron en ocho inmuebles en Salvador Mazza (Salta)y Tucumán, deteniendo a las tres personas acusadas y secuestrando 1.080 toneladas de granos, entre soja, maíz y trigo. Seis de los procedimientos fueron en Mazza. De ellos, cinco eran domicilios que funcionaban como depósitos y el restante era una finca utilizada para el paso de los camiones hacia Bolivia.
También se secuestraron cuatro camiones cargados con más de mil toneladas de granos y otros elementos de interés para la investigación. En Tucumán se allanaron dos domicilios, incautando en uno de los cuales una máquina quebradora de granos. Además confiscaron 57 mil dólares, 1.600.000 pesos argentinos y 4.280 bolivianos, teléfonos celulares, máquinas contadoras de billetes, una camioneta y documentación relacionada con las maniobras delictivas.
Envergadura
El valor de la mercadería secuestrada se estimó en 83 millones de pesos. La fiscalía incluso no descarta la participación de otros implicados. A modo ilustrativo, se indicó que el monto de la carga impositiva correspondiente a las 1.080 toneladas de granos secuestradas asciende a 18 millones de pesos, todo en grave perjuicio al Estado Nacional. Ello es un indicador que todo el despliegue refleja la comisión de otros delitos imputados; asociación ilícita y el lavado de activos.
En el procedimiento trabajaron Gendarmería Nacional, las Unidades de Procedimiento Judicial de Tartagal, Jujuy y Tucumán, los Escuadrones 61, 52 y 53 y la Dirección General de Aduanas (DGA) de Pocitos. La fiscalía solicitó la prisión preventiva de las tres personas acusadas, ya que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación penal. No se dejó de resaltar el grave daño fiscal, las grandes cantidades de granos contrabandeadas y la logística establecida para evadir el control de las fuerzas de seguridad.
La jueza Ivana Hernández hizo lugar a las imputaciones requeridas y dictó la prisión preventiva del hombre y las dos mujeres, determinación que fueron rechazadas por las defensas de los acusados, sin fundamentación suficiente. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
