Tras el decomiso de dos fincas del Clan Castedo en la frontera con Bolivia, el Estado Nacional deberá darle un nuevo propósito a estas propiedades, asegurando que beneficien al bien común. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a otras instituciones, inspeccionan las fincas “El Aybal” y “El Pajeal” para determinar su nuevo uso.
Estas tierras, usadas anteriormente para actividades delictivas como narcotráfico y lavado de activos, ahora serán gestionadas para evitar su abandono y promover su utilidad pública, siguiendo el decreto 598/2019.
Durante los juicios, se confirmó que las propiedades, que abarcan 23,000 hectáreas en Salvador Mazza, fueron utilizadas por el clan para establecer pasos fronterizos ilegales y contrabandear drogas. Las condenas de 2022 a los miembros del clan, incluyendo a Reynaldo “Delfín” y Raúl Castedo, así como a Ernesto Aparicio, exdiputado provincial, llevaron a este decomiso.
El destino social de estos bienes es una prioridad. Según el artículo 305 del Código Penal, se propone utilizarlos para programas de salud, capacitación laboral y otros proyectos destinados a sectores vulnerables de la zona. La participación de entidades como la Gendarmería Nacional y la Policía Federal en las inspecciones garantiza un manejo responsable de los bienes, transformándolos en activos que beneficien a la comunidad afectada por las actividades criminales.
Las fincas El Pajeal y El Aybal, con una superficie de más de 236 kilómetros cuadrados. La investigación reveló la participación del exdiputado Aparicio, quien facilitaba las operaciones del clan, y la fuerte presencia de los Castedo en el control de los caminos fronterizos.
En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta condenó a Delfín Reynaldo Castedo a 16 años de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. Raúl Amadeo Castedo y el martillero público Eduardo Torino fueron condenados a nueve años de prisión como miembros de esta asociación ilícita. Este decomiso y las acciones subsecuentes son pasos importantes para transformar los activos delictivos en beneficios sociales para la comunidad.
