La Cámara de Diputados de Salta aprobó por unanimidad un proyecto de Declaración que solicita al Poder Ejecutivo Provincial gestionar, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales, la intervención urgente del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación ante una situación crítica de contaminación ambiental y sanitaria en la frontera con Bolivia.
El reclamo apunta al vertido sin tratamiento de aguas cloacales provenientes de las localidades bolivianas de San José de Pocitos y Yacuiba, que son arrojadas directamente a la quebrada internacional, afectando gravemente a comunidades del municipio Prof. Salvador Mazza, en el departamento General San Martín.
El diputado Edgar Domínguez, autor de la iniciativa, advirtió sobre las graves consecuencias en la salud pública y el ecosistema local, especialmente en comunidades como El Sauzal, Arenales y el Sector 5, donde se han detectado daños en la biodiversidad y contaminación de fuentes subterráneas de agua.
Domínguez remarcó la necesidad de avanzar en un acuerdo de cooperación binacional con Bolivia que permita frenar el vertido indiscriminado de aguas servidas y revertir el deterioro ambiental. “Se han realizado relevamientos técnicos que alertan sobre el impacto social y el deterioro del recurso hídrico. Es urgente actuar”, afirmó.
La diputada Gladys Paredes, también autora del proyecto, destacó los esfuerzos locales para visibilizar la problemática a nivel nacional e internacional. Recordó la reunión realizada en 2021 con autoridades de Cancillería argentina, en la que participaron funcionarios nacionales, legisladores y especialistas, sin que hasta el momento se haya concretado una solución efectiva.
“La contaminación afecta desde hace años a vecinos de barrios y parajes a lo largo de la quebrada que separa ambos países. Es hora de que el Estado nacional intervenga, en el marco de los tratados vigentes, para garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano”, expresó.
El proyecto de Declaración, que unificó las iniciativas de Domínguez y Paredes, fue aprobado por unanimidad en la Cámara. Los legisladores coincidieron en que se trata de una situación urgente que requiere acciones diplomáticas concretas para proteger la salud y el bienestar de las familias del norte salteño.
