Convocada por la comisión de Diversidad Cultural y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, legisladores provinciales y nacionales, Ambiente y Producción Sustentable y de Asuntos Indígenas, IPPIS y miembros de comunidades originarias, se abordó la reglamentación de la Ley provincial 7.658 y la prórroga de la Ley Nacional 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
Con respecto a la Ley provincial, que suspende hasta fin de año los desalojos de productores rurales en conflicto judicial, el ministro de Ámbiente, Javier Montero, señaló que se está avanzando con el registro de los beneficiados por la normativa mediante convenios con los municipios.
En tanto, aseguró el funcionario, se trabaja para reglamentar la Ley, con el objetivo de que tenga plena operatividad. Además explicó que se solicitará información a la Defensoría General acerca de la cantidad de campesinos que enfrentan juicios de desalojos, para priorizar una solución antes que venza el plazo que suspende esa medida.
El diputado Santiago Godoy manifestó que podría gestionarse que todos los juicios de desalojos deban pasar obligatoriamente por una instancia de mediación.
“La gran preocupación es el tema de los desalojos (…) por eso se habló de una cautelar a corto plazo para que en plazo de un año se pueda resolver”, explicó la diputada Gabriela Martinich.
Originarios piden apoyo
Luego, los presentes analizaron la eventual prórroga de la Ley Nacional 26.160, que debería tratarse en el Congreso antes de fines de noviembre. Esa normativa restringe los desalojos judiciales y otorga la posesión a las comunidades originarias registradas y con personería jurídica.
El ministro de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaras, adelantó que en el Senado Nacional podría tratarse la prórroga de la emergencia en la próxima sesión, según lo conversado con la senadora Cristina Fiore.
Además indicó que el trabajo de registro de las comunidades en Salta se encuentra avanzado y reconoció que si bien con eso solo no se logra el título de propiedad de las tierras, es un paso necesario y que facilita a consecución del trámite.
El diputado nacional Pablo López, adelantó que cuando se trate en la Cámara Baja nacional votará por la prórroga, pero dijo estar preocupado ya que actualmente esa Ley no se respeta y continúan desalojando por la fuerza tanto en el norte como en el sur y recordó que la desaparición de Santiago Maldonado se dio en ese contexto.
A su turno, los miembros del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y los representantes de las comunidades Originarias expresaron su temor en que no se extienda la emergencia y que la Justicia avance con los desalojos. El miedo radica en la desconfianza que les genera la política adoptada al respecto por el gobierno nacional.
También hicieron especial énfasis en su condición de pueblos preexistentes a los actuales estados. “Desciendo de un pueblo milenario, en cambio Argentina tiene 200 años. Sin embargo tenemos que pedirle por favor a ustedes que no nos echen de las tierras que habitamos desde siempre”, expresó la dirigente wichi Octorina Zamora.
Tras pedir el acompañamiento de los legisladores provinciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, recordó que hace un par de sesiones se aprobó en forma unánime un proyecto de Declaración solicitando a los legisladores nacionales que voten a favor de continuar con la emergencia. Sin embargo expresó que se les solicitará nuevamente a los legisladores nacionales que avancen con la extensión de la Ley.
Participaron también de la reunión los diputados Mario Vilca, Salvador Scavuzzo, Matilde Balduzzi, Arturo Borelli, Claudio Del Plá, Ermido Díaz, Enrique Domínguez, Liliana Guitián, Norma Lizárraga, Gabriela Martinich, Alejandra Navarro, Alejandro San Millán y Jesús Villa.
