La investigación por tráfico de drogas en el norte tomó un giro inesperado con la imputación de dos gendarmes del Escuadrón 52 de Tartagal, acusados de participar en el transporte de 161 kilos de cocaína. La jueza federal Ivana Hernández ordenó la prisión preventiva de los uniformados tras evaluar el riesgo de fuga y la gravedad del delito, en el marco de una pesquisa que los involucra como presuntos coautores de la maniobra delictiva.
El caso se originó el 5 de mayo, cuando efectivos del Escuadrón 54 detuvieron a dos personas en Aguaray, a bordo de una camioneta Ford Ranger con 173 paquetes de cocaína ocultos en un doble fondo. A partir de registros fílmicos y otras pruebas, la fiscalía identificó a los gendarmes Carlos Sorani y Alexis Aguirre como participantes en la planificación y logística del transporte de los estupefacientes, lo que derivó en su captura el 29 de mayo.
Entre las pruebas presentadas, la fiscal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Lourdes Milani revelaron que Sorani, propietario de un Chevrolet Cruze, acompañó el recorrido de la camioneta con droga en distintas instancias. Las imágenes de cámaras de seguridad confirmaron la conexión entre ambos vehículos, mostrando cómo el Cruze actuaba como coche puntero. Además, se descubrió que Aguirre pagaba la póliza de seguro de la camioneta, a pesar de no figurar como dueño, lo que reforzó la sospecha sobre su implicación.
Otro elemento clave en la investigación fue la inspección previa al vehículo, realizada el 25 de marzo en Aguaray, donde se detectó un doble fondo en la caja y pintura fresca en diversos sectores. En esa ocasión, Aguirre conducía el rodado y los efectivos advirtieron modificaciones estructurales compatibles con el transporte de sustancias ilegales. A esto se sumó la información obtenida en el teléfono secuestrado al taxista detenido el 5 de mayo, donde figuraba una cuenta de pago digital registrada a nombre de Sorani.
El caso también mostró maniobras posteriores que apuntan a un intento de ocultamiento de pruebas. Tras la detención del taxista, Sorani evitó usar su Chevrolet Cruze, que quedó abandonado en la ruta 34, generando sospechas de que intentó deshacerse del vehículo. Paralelamente, allanamientos en las viviendas de los imputados permitieron el secuestro de varios teléfonos celulares que podrían contener información relevante para la investigación.
Ante la solidez de las pruebas, la jueza Hernández hizo lugar al pedido de prisión preventiva, resaltando la gravedad del hecho, la participación de agentes de seguridad en el tráfico de drogas y el riesgo procesal que implicaba dejarlos en libertad. La fiscalía, por su parte, continúa con peritajes y análisis de información para determinar si hubo otros involucrados en la red criminal.
