El Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos presentó este lunes 30 de marzo y ante diputados provinciales, dos proyectos de ley vinculados al ordenamiento del sistema energético y a la protección de los usuarios frente a cargos incluidos en las facturas de servicios; como es el caso de tasas municipales.
La primera iniciativa propone una adhesión parcial de la provincia a la Ley Nacional N° 24.065, con excepción del último párrafo del artículo 40, inciso c (“Cada distribuidor trasladará a la tarifa a usuario final el precio correspondiente al Mercado Spot -ya sea que la compra se efectúe en tal ámbito o a través de contratos libremente pactados-, y/o el de los contratos transferidos en los procesos de privatización, a que hacen referencia los párrafos precedentes, ponderando la proporción que cada uno de éstos represente en su compra total”), y del artículo 41 (Considérase como tasa de rentabilidad a la tasa de actualización que determine el Ente Nacional Regulador para el cálculo de los costos propios de distribución. El Ente, a tales efectos, deberá respetar los principios definidos en el Artículo 41 de la Ley N.24.065).
El objetivo es adecuar la actividad energética provincial en consonancia con los lineamientos nacionales, respetando las particularidades del marco regulatorio local.
El segundo proyecto plantea establecer condiciones para la inclusión de tasas municipales en la factura de energía eléctrica, limitando este mecanismo en aquellos municipios que hayan aplicado aumentos en sus tasas por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC; iniciativa enmarcada por la Ley Provincial N° 8.457, sancionada en octubre de 2024 y que establece que los aumentos en las tarifas de energía eléctrica y agua potable no pueden superar la evolución del IPC. En este sentido, se busca extender ese criterio a otros conceptos que se incorporan a la factura, con el objetivo de resguardar el bolsillo de los usuarios.
El Ente aclaró que la propuesta no avanza sobre las potestades municipales, sino que establece nuevas condiciones para la inclusión de estos conceptos en la facturación del servicio eléctrico, en particular en los convenios de recaudación con la empresa distribuidora.
Al respecto, el presidente del organismo, Carlos Saravia, expresó: “Lo que estamos buscando es poner un límite a todo aquel que quiere ingresar en esta operatoria. Es decir, así como energía eléctrica, agua potable y cloaca tienen en su tarifa un límite en la inflación, que también lo tengan todos aquellos que quieren cobrar sus servicios por intermedio de esta factura. Esta es una manera de ayudar a que todo suba de una manera razonable y no en base a capricho. Seguimos trabajando en defensa de los usuarios”. (Ente Regulador de Servicios Públicos)
