Ministerio Público Fiscal.- En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal autorizó, de manera excepcional, la entrega de hojas de coca secuestrada en distintos operativos de contrabando para que sean consumida por comunidades aborígenes y trabajadores que se apunan en la altura.
Primero fue el pedido realizado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el 7 de mayo. Después, se sumó el ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro. También hizo una presentación el diputado nacional Jorge Rizzotti. Todos coincidieron en que, como consecuencia del cierre de fronteras por el aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir la propagación del conoravirus hubo “desabastecimiento de hojas de coca destinadas a la práctica ancestral del coqueo”.
Según fuentes judiciales “Se dispone la entrega gratuita de hojas de coca cuya incautación tuvo por objeto, en cumplimiento de la legislación vigente, evitar que en gran cantidad constituyan materia prima para la elaboración de estupefacientes. Esta decisión implica, habiendo evitado aquella posibilidad, destinarla para los fines lícitos que se vienen señalando, como el coqueo en estado natural”, sostuvieron los fiscales federales de Salta y Jujuy, Eduardo Villalba y Federico Zurueta, respectivamente, y su colega Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
La primera presentación fue la del gobernador Morales, el 7 de este mes que solicitó que “se arbitren los medios para entregar al gobierno provincial hojas de coca que se encuentren secuestradas a disposición del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de remediar la situación de desabastecimiento de hojas de coca destinadas al consumo personal que atraviesa la provincia, en el marco del cierre de fronteras dispuesto para hacer frente a la pandemia causada por el Covid-19”.
Una semana después, el 14 de este mes, Morales presentó el denominado protocolo de manejo, sanitización, fraccionamiento y embolsado de la hoja de coca. Ese mismo día se adjuntó un informe elaborado por la licenciada en Trabajo Social Rita Domínguez y la psicóloga María Laura Cabezas donde se sostuvo que el “desabastecimiento de hojas de coca para su consumo por parte de las comunidades indígenas y los trabajadores de Jujuy ha generado una situación de malestar social que es necesario abordar”.
El 18 de mayo fue hecha la presentación del ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, quien solicitó la entrega de hojas de coca al argumentar que es una práctica ancestral y que los consumidores, como consecuencia del cierre de fronteras, no pueden adquirir.
“Las hojas de coca serán entregadas gratuitamente a los consumidores, mediante un procedimiento que garantice íntegramente la trazabilidad y transparencia de dicho proceso, acompañando un protocolo”, afirmó el ministro salteño.
El diputado Rizzotti (UCR) hizo una presentación donde dijo: “Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre los medios necesarios para remediar la situación de desabastecimiento de hojas de coca destinadas a la práctica ancestral del coqueo que atraviesa Jujuy en el marco del cierre de fronteras dispuesto para hacer frente a la pandemia”.
Después de analizar las presentaciones, los fiscales Villalba, Zurueta e Iglesias decidieron entregar 864 kilos de hojas de coca secuestradas por autoridades de Jujuy y la materia prima decomisada en Salta [cantidad a determinar].
“La entrega debe efectuarse dando cumplimiento al protocolo de manejo, sanitización, fraccionamiento y embolsado de la hoja de coca”, que deberá ser adjuntado al efecto”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público.
Los fiscales hicieron referencia a una “situación esquizofrénica” y así lo explicaron: “No escapa a este Ministerio Público en el presente análisis, el hecho que genera la cada vez más arraigada costumbre en las sociedades jujeña y salteña del coqueo, pues por un lado los legisladores norteños lograron con fundamento en las consideraciones precedentes reconocer como lícito el coqueo en el art. 15 de la ley 23.737, pero por otro, no lo es la importación de hojas de coca. Entonces, al no cultivarse éstas en nuestro país, se ha generado un mercado clandestino de importación (contrabando) que induce a otras formas de criminalidad, por lo que las fuerzas de seguridad y demás agencias estales llevan adelante la incautación de las hojas que ingresan ilegalmente”.
Villalba, Zurueta e Iglesias sostuvieron: “Esta situación debe ser abordada por una reglamentación que armonice las tensiones en juego, y en este sentido el senador provincial de Salta Martín Arjona presentó recientemente un proyecto para establecer un marco regulatorio para la importación de la hoja de coca, acopio, fraccionamiento y venta para consumo e investigación científica”.
Pero, recordaron que hasta que ello suceda, hay que tener en cuenta la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que “en el histórico precedente Coronel ha brindado una orientación al reconocer la ancestral costumbre del coqueo y distinguir los casos de consumo, de la infracción aduanera y el encubrimiento de contrabando, lo que abona la postura aquí adoptada [la entrega de las hojas de coca secuestradas]”.