La investigación surgida a partir de una denuncia del Ministerio de Educación de Salta llevó hasta una organización que operaba en el norte y sur provincial, con ramificaciones en San Carlos de Bariloche, Rio Negro. El grupo emitía diplomaturas y postítulos apócrifos que eran utilizados para sumar puntaje docente, que lleva registrados 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 que accedieron a horas cátedra.
Personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF allanó cuatro domicilios (Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación), secuestró documentación y detuvo a dos mujeres; según instrucciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), de la Dra. Ana Inés Salinas Odorisio, que encabeza la investigación por presunta falsificación de certificados. Según la denuncia del Ministerio de Educación, éstos se habrían utilizado para subir el puntaje en concursos y procesos de designación de cargos.
La intervención comenzó el 17 de diciembre de 2025 con la denuncia del secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, quien informó que una auditoría interna había detectado una presunta maniobra masiva de incorporación de certificados apócrifos en los procesos de valoración docente.
Según precisó, de las 292 escuelas auditadas que inspeccionaban, detectaron 291 inscripciones con certificados aparentemente falsos, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados; hechos de extrema gravedad, dado que habían asignado cargos y puntajes con documentación inexistente y que las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario compartían una base de datos, lo que amplió el alcance del perjuicio.
Por disposición de la fiscal Salinas Odorisio, el 18 de diciembre personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF requirió documentación a la Secretaría de Gestión Educativa, iniciando el entrecruzamiento de datos y análisis bancarios e informáticos. De allí surgió que los docentes eran captados a través de perfiles en Facebook denominados “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”; contactos mediante los cuales se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente, supuestamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro; y tras pagar sumas de entre 95.000 a 360.000 pesos, recibían certificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados.
El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales, hallando duplicaciones exactas, múltiples registros asociados a una misma persona y numeraciones inexistentes; y sólo cinco casos coincidieron con registros válidos.
Roles y funcionamiento
Del análisis de conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y registros digitales se identificaron a tres personas fundamentales en la organización. Los informes telefónicos permitieron establecer titularidades, equipos utilizados y localización de líneas, mientras que las pericias bancarias evidenciaron un flujo constante de transferencias entre dos mujeres y un hombre, con derivaciones casi inmediatas hacia este último.
Las tres personas investigadas actuaban una en el norte, otra en el sur provincial y un hombre en San Carlos de Bariloche. Una de ellas es una docente y preceptora de un colegio secundario de Joaquín V. González (Anta), con domicilio en Coronel Mollinedo (Anta), quien captaba y era nexo territorial en el distrito sur, operando bajo el contacto “Prof. Vende Diplomaturas”, ofrecía títulos sin cursado y con calificaciones asignadas, reiendo pagos en cuentas a su nombre.
Otra mujer, con domicilio en Embarcación (San Martín), actuaba como soporte y validación técnica en el distrito norte, bajo el alias “Ana Guzmán” y un número con prefijo 11 (Buenos Aires) para canalizar consultas y reforzar la apariencia de legitimidad. Su intervención estaba vinculada a la gestión administrativa del circuito y a movimientos de fondos relacionados con el principal receptor. Por último, un hombre que operaba desde San Carlos de Bariloche (Río Negro) sería el administrador digital y destinatario de parte del dinero.
La investigación probó que, hasta el momento, 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra tras presentar documentación apócrifa, y de los chats incorporados a la causa, varios reconocieron que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que adquirían directamente el puntaje, con pleno conocimiento de la irregularidad. La UDEC confirmó que la investigación continúa respecto de los restantes certificados denunciados. (Ministerio Público Fiscal de Salta)
