El Juzgado Federal de Orán validó la ampliación de la imputación penal contra Atta Gerala, ex intendente de Coronel Juan Solá-Morillo, de partícipe necesario; como se consideró al inicio de la investigación; a coautor. El fiscal general Eduardo Villalba, aseguró que “los saqueos ocurrían a la luz del día y con la connivencia de la policía y Gendarmería”, razón por la cual se impulsaron dos investigaciones contra miembros de esas fuerzas.
El fiscal general con funciones de coordinación del Distrito Salta, Eduardo Villalba, amplió el 20 de marzo pasado la imputación penal contra Atta Gerala, como coautor del delito de robo agravado de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas en el chaco salteño. La situación procesal de Gerala (en noviembre había sido imputado como partícipe necesario) se realizó ante el juez federal de garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien a su vez autorizó una serie de medidas probatorias y ordenó el arresto domiciliario de José Miguel Gerala (h) y David Medina (comerciante oranense), detenidos el 4 de noviembre de 2024; ahora coimputados y que ya cumplían prisión preventiva.
Ambos fueron imputados por los delitos de contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en calidad de coautores, dado que enviaban los rieles en camiones a Bolivia, donde eran reducidos. Gerala (h) además fue acusado entonces de robo agravado por ser cometido en despoblado. Las detenciones ocurrieron durante varios allanamientos simultáneos tanto en Orán como en Morillo; secuestrando 165 rieles, 15 de ellos en una propiedad de Atta Gerala.
Un mes más tarde, el 11 de diciembre, Villaba pidió la detención de Gerala, imputado por contrabando agravado por su valor, número de intervinientes y participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario. Ahora, la situación se agravó, ya que la fiscalía lo considera coautor. En la audiencia, también se lo imputó por “malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal”; hasta que dejó de ser intendente el 20 de noviembre de 2024, cuando se dispuso la intervención del municipio. La defensa de Gerala intentó cambiar la prisión domiciliaria por la libertad provisoria, pedido rechazado por el juez.

“Robo a cara descubierta”
El fiscal Villalba dijo sobre el caso “estamos ante un robo a cara descubierta que cuenta con el consentimiento de la policía de Morillo, la que está sujeta a la autoridad del exintendente”. Con la auxiliar fiscal, Roxana Gual (Ministerio Público Fiscal), resaltó la tarea de campo realizada. Un equipo de trabajo fiscal llegó hasta Morillo para recabar declaraciones de las comunidades originarias, quienes señalaron al exintendente como el cabecilla del robo. Villalba destacó también el peritaje al teléfono Gerala (h), de donde surgieron mensajes que fortalecieron la teoría del caso y, sobre todo, el vínculo directo del exintendente con los robos registrados en la zona.
La auxiliar fiscal recordó que el 19 de mayo de 2024, personal policial de Padre Lozano (Embarcación) detuvo dos camiones que llevaban 180 rieles sin la documentación correspondiente, bajo el operativo “Municipio Seguro”; procedimiento ocurrido sobre la Ruta Provincial 53 y que los conductores mintieron respecto a la carga, asegurando que era chatarra. Añadió que por la insistencia de los policías descubrieorn los rieles, sin ninguna documentación respaldatoria. Fue así que uno de los conductores dijo que habían sido contratado por Gerala (p) para llevar la carga desde Pluma de Pato (Morillo) hasta Pichanal (Orán).
La situación procesal de los dos camioneros fue resuelta por el fiscal federal Marcos Romero (Sede Descentralizada Tartagal).El 2 de octubre de 2024 acordó la suspensión de juicio a prueba con ambos. Como parte del mismo (homologado por el juez Jorge Gustavo Montoya), donaron más de 3 millones de pesos al hospital de General Mosconi y comprometieron 16 horas mensuales de tareas comunitarias para la iglesia evangélica de “Los Blancos” por un año. Esto se agregó a la investigación y con ello se amplió el objeto procesal. Para la fiscalía, el traslado de los rieles robados y las confesiones del camionero fortaleció la teoría del caso, en especial la responsabilidad del exjefe comunal.
Connivencia
El fiscal sostuvo que uno de los roles centrales que tuvo Gerala (p) consistió en evitar que la policía local pusiera la maniobra al descubierto. “No hay ninguna actuación policial de Morillo respecto al robo de rieles registrados en su jurisdicción, pero sí existen intervenciones de las dependencias policiales vecinas”, resaltó; agregando que todo ocurría a pleno día, “se escuchaban los ruidos de cortes y extracción de los rieles y de las maquinarias”. Como un detalle, remarcó el “arraigo muy fuerte en la zona con casi 30 años como intendente, con excepción de cinco en los que se desempeñó como diputado”. Además, con una investigació “sumamente compleja”, dijo que abrieron actuaciones penales por connivencia a personal de Gendarmería Nacional y Policía de Salta, con asiento en Morillo; dada una serie de intervenciones telefónicas.

La auxiliar fiscal expuso un diálogo entre Gerala (h) con un oficial de la Comisaría local, comunicación centrada en un reclamo del policía, aparentemente de dinero por el paso de los camiones. El primero asegura que “el comisario habló con mi viejo”, tras lo cual confirma el pago de una importante suma por cada camión. La auxiliar fiscal recordó que los robos sucedieron en Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano (cerca de Morillo); y precisó que, ya extraído, el material era llevado hasta un galpón administrado por Medina (Orán). Tal como probaron los allanamientos, algunos rieles aparecieron en una propiedad del exintendente; otros, ya listos a orillas del río Bermejo, con destino a Bolivia, país donde se reducía el botín, violando la prohibición de exportación de material ferroso que hasta fines de 2024 regía en todo el país.
Mano de obra y amenazas
Para la extracción y traslado de los rieles, los acusados usaban a pobladores de las comunidades originarias locales, dato confirmado por testimonios y evidencia extraída del teléfono de uno de los imputados. Uno de los camioneros detenidos en Padre Lozano reveló los camiones eran cargados por los aborigenes del lugar, también encargados de la extracción. El transportista sostuvo que utilizaba la camioneta de Gerala (p), ahora secuestrada, para trasladarlos a los puntos de extracción; corroborado por fotos extraídas del teléfono de Gerala (h). Allí se observa tanto el traslado hasta el lugar como un video de extracción de los rieles. Los originarios declararon ante el personal de la fiscalía que habían sido contratados por el ex intendente y que era su hijo quien dirigía las cuadrillas para el saqueo, con herramientas y maquinarias municipales.
Manifestaron que fueron amenazados por parte del entorno de Gerala, de gran influencia entre el pueblo como las comunidades, que no desconocían lo que pasaba. A ello, Gerala (p) pidió declarar y afirmó no tener “nada que ver en esto, ni con los camiones, ni con los fierros, absolutamente nada. No sé por qué dicen los camioneros mi nombre. Si viene al caso, con todo respeto, si son siete mandatos que estuve es porque el pueblo me ha elegido y cada vez gané mejor la elección; no creo que haya sido tan malo. Ya voy a cumplir 70 años y le puedo asegurar que nunca tuve nada que ver en nada. Esto para mí es un manejo político”.
Negó relación con los aborígenes y sobre las fotos de su camioneta, dijo que un empleado realizó tareas de iluminación en la zona. Villalba, en el cierre, remarcó: “Atta fue elegido por el voto popular y por ello tiene influencia sobre el pueblo, pero la misma circunstancia de que haya sido la autoridad tantos años condujo a los vecinos a pensar que la extracción de los rieles había sido dispuesta por la autoridad estatal, cuando no fue así. Pues se trata de bienes que son del dominio público del Estado Nacional, al que tanto le cuesta construir”. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)