Nuevo Diario de Salta.- El empresario José Karlen, que había desmontado ilegalmente unas 11 mil hectáreas de un bosque nativo del departamento San Martín, adhirió a un acuerdo por el cual se deberá reforestar por 30 años, más de 16 mil hectáreas de la finca a su nombre. En el medio, deberá tener acuerdos con puesteros que se hayan visto perjudicados en esa zona, además de las comunidades originarias, y también negociar una eventual entrega de tierras a cada parte.
Así surge del acuerdo que fue dado a conocer ayer desde el Ministerio Público Fiscal, desde donde se sostuvo que ante cualquier incumplimiento la zona pasará a formar parte del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SiPAP), por más que quede a nombre del desmontador.
El proyecto conciliatorio, revisado y homologado por el Juzgado Civil de Tartagal, a cargo de la jueza Claudia Yance, es el resultado de una larga y compleja conciliación entre el demandado y la Procuración General.
La finca, en tanto, no es pasible de ser embargada y ofrecida como prenda de alguna deuda que Karlen contraiga. Sin embargo, el acuerdo establece que dentro del sector se podrá producir.
Entre otros objetivos, se contempla por dicho lapso de tiempo un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calcula la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
#Desmontes: por 30 años #reforestarán 11 mil hectáreas con 120 mil árboles por temporada https://t.co/BgQeCyfGqA #Tartagal
— Ministerio Público (@FiscalesPenales) December 5, 2018
Desde la Procuración se aseguró que esta es una “propuesta sin precedentes en materia de recuperación ambiental en Argentina”, y se logró en el marco del proceso de conciliación que la jueza abrió, como obliga el Código Procesal Civil, tras la condena de seis meses de prisión condicional impuesta a Karlen por el delito de desobediencia judicial.
El proceso penal iniciado con posterioridad a una multa administrativa hoy judicializada, fue impulsado por el entonces fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot. La sentencia penal en tanto, fue dictada por la jueza Azucena Vázquez de la Sala II del Tribunal de Juicio el 2 de octubre del año 2015.
A la condena inédita en materia jurídica ambiental en el país en materia de desmonte ilegal, le siguió una demanda civil contra el finquero, proceso que quedó en manos de la Procuración General y la Fiscalía Civil de Tartagal.
La cifra demandada, estimada en 171 millones de pesos, surgió de un estudio ambiental a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado, el que fue realizado por técnicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección Nacional de Bosques, el I.N.T.A, la U.N.Sa. y la U.B.A.
Según el nuevo acuerdo, ese dinero será volcado en las recomposiciones ambientales que deberá afrontar el empresario a partir de ahora, dado que se había declarado insolvente para hacer frente a esta situación por lo que decidió abrir el espacio de conciliación.
Lo controlarán cada cinco años
Respecto al control del cumplimiento, el acuerdo contempla que los agentes de la Procuración y la Fiscalía Civil tendrán facultades para realizar inspecciones incondicionalmente. Estas se suman al control periódico anual de los órganos competentes, los que estarán en manos de profesionales de la Provincia.
Asimismo, y por el lapso de 30 años, se realizarán controles cada cinco años por parte de profesionales del INTA, y al final del proceso, la aprobación definitiva estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
Por otra parte, Karlen asumirá con sus propios recursos las demandas de eventuales acreedores, debiendo desembargar la finca a fin de garantizar con ello el normal proceso de recomposición previsto.
Desde la Procuración se opinó que esta experiencia revierte la tendencia judicial argentina, logrando un juicio y condena penal por un desmonte ilegal y una recuperación efectiva de bosques desmontados de manera forzosa.
También se aseguró desde el Ministerio Público que esta solución surge como respuesta a la “insistida inefectividad de las ejecuciones de sentencias en casos ambientales grandes y complejos que obtuvieron sentencias hasta la fecha”.
