La causa judicial que involucra al exconcejal salteño se originó a partir de la denuncia de una mujer que fue su pareja y con quien mantenía además una relación laboral. La denunciante expuso una serie de hechos ocurridos entre 2019 y 2025, en los que se detallan situaciones de violencia física, psicológica, económica y sexual.
El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, imputó al hombre de 26 años por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (dos hechos), privación ilegítima de la libertad agravada (dos hechos) y concusión, en concurso real.
Durante el acto de imputación, el acusado se presentó acompañado por su abogado defensor. En el marco de los derechos que le asisten, se abstuvo de declarar y no prestó consentimiento para la realización del examen psicológico.
La investigación cuenta con elementos probatorios que incluyen declaraciones testimoniales, informes interdisciplinarios y registros de conversaciones, entre ellos grabaciones en las que se lo escucha dialogar con la denunciante. En relación con los hechos de índole sexual, el fiscal indicó que se continuará con la producción de pruebas, incluyendo pericias, testimonios y el análisis de dispositivos electrónicos, con miras a una posible ampliación de la imputación.
Impacto político e institucional
La situación judicial del exconcejal se agravó tras la difusión de audios, el 17 de julio, en los que se lo escucha exigir favores sexuales a su expareja como condición para devolverle parte del salario retenido. El escándalo generó repercusiones inmediatas:
- 18 de julio: La Libertad Avanza resolvió su desafiliación.
- 1 de agosto: El Concejo Deliberante de Salta rechazó su renuncia y lo expulsó, señalando la gravedad institucional del caso.
- Septiembre: La Fiscalía amplió las imputaciones y la denunciante brindó un testimonio conmovedor ante la Justicia.
Este caso volvió a poner en evidencia la persistencia de la violencia de género en figuras públicas y abrió un debate urgente sobre los mecanismos de control y sanción en los espacios de poder. La expulsión del Concejo fue interpretada como un intento de resguardar la institucionalidad, aunque también expuso la ausencia de protocolos preventivos en la política local.
El relato de la denunciante, junto con la difusión de los audios, consolidó una percepción social de que se trató de una relación atravesada por la manipulación, el abuso de poder y distintos tipos de violencia.
