Con fuertes acusaciones de la fiscalía, comenzó en el Tribunal Oral Federal N°2 el juicio contra el exintendente de Morillo, Atta Gerala, y el exjefe del Destacamento policial de Pluma de Pato, Mauro Rodríguez. Ambos están imputados por delitos vinculados al contrabando y al saqueo sistemático de las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Según la investigación, Gerala habría liderado una maniobra que consistía en extraer rieles del tendido ferroviario y trasladarlos hacia Bolivia. Un testigo clave, el sargento Roberto Meza, detalló que diariamente entre tres y cuatro camiones cargados con 31 toneladas de rieles cruzaban el río Bermejo en balsas, con destino al vecino país. “Por tonelada se pagaban 200 mil pesos”, afirmó, lo que representaba una ganancia mínima de 25 millones de pesos por jornada.
El miércoles pasado, la fiscalía, encabezada por Eduardo Villalba y Roxana Gual, sostuvo que el “peso político” de Gerala fue determinante para garantizar la continuidad de la actividad ilícita. “En Morillo no se mueve un alfiler sin que él lo sepa”, enfatizó Villalba, al remarcar la influencia que aún conserva el exintendente en la localidad, donde los habitantes temen posibles represalias.
Gerala enfrenta cargos por contrabando triplemente agravado, robo agravado en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos. Rodríguez, por su parte, está acusado de cohecho pasivo. Cabe recordar que el exintendente fue destituido en noviembre pasado y que su hijo, Miguel Gerala, ya recibió condena por hechos vinculados al mismo entramado delictivo.
El origen de la investigación se remonta a una denuncia presentada en agosto de 2023 por el Correo Argentino, que detectó movimientos sospechosos en envíos de neumáticos realizados por un comerciante de Orán, David Medina, quien reincidió en el contrabando e incorporó el tráfico de material ferroso. Las tareas de inteligencia permitieron reconstruir la ruta delictiva y documentar, con fotografías, el traslado de los rieles hasta la finca Cardozo, en Aguas Blancas, donde eran acondicionados para cruzar la frontera.
El juicio continuará con la producción de pruebas y testimonios, en un proceso que busca esclarecer uno de los casos de saqueo más graves contra el patrimonio ferroviario del Estado Nacional.
