Un comerciante jujeño identificado como Miguel Ángel Bautista fue imputado por la jueza federal de Garantías N°2 de Jujuy, Carina Gregoraschuk, por el delito de contrabando de mercadería agravado por el valor, en concurso real con lavado de activos calificado por la habitualidad. El sujeto era investigado desde 2022, por numerosas causas. Su red se había afianzado en La Quiaca, provinica de Jujuy y se extendía a Salvador Mazza, en la provincia de Salta; disponiendo de una amplia flota de vehículos.
La jueza federal imputó al comerciante en base a la investigación del fiscal Federico Zurueta (Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy), como así también ordenó prisión preventiva en una unidad carcelaria federal. Autorizó pericias a teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados y mantener cerrada la empresa comercial a través de la cual operaba Bautista; medidas tomadas en carácter de jueza subrogante del Juzgado de Garantías N°1 como parte la audiencia de ampliación de la acusación penal, el 20 de septiembre pasado, de un caso que la fiscalía investiga desde agosto del 2023.
El caso
El auxiliar fiscal Federico Casas declaró que la investigación comenzó el 3 de marzo de 2022, cuando gendarmes del puesto “El Naranjo” (Rario de la Frontera – Salta) detuvo a dos choferes de un colectivo de larga distancia de empresa Balut, con dos kilos de cocaína oculto en la cañería del lavamanos. En ese mismo operativo encontraron más de 3 millones de pesos ocultos en la cabina de los choferes, quienes a su vez lo atribuyeron como perteneciente a Bautista; suma entregada cuando salieron de La Quiaca (Jujuy) para entregar en Buenos Aires, a cambio de un porcentaje de esa suma.
El dato fue investigado y verificado por la Unidad Fiscal Salta, que posteriormente remitió jurisdicción jujeña por vía de incompetencia, el 24 de agosto del 2023. Ello derivó en una imputación inicial contra Bautista por el delito de encubrimiento de contrabando. De la investigación surgió que el comerciante, con su esposa, era socio de la firma comercial “Nazaret SRL”, mientras que en La Quiaca poseía un local llamado Servibus, dedicado al lavado y mantenimiento de ómnibus.
Coincidiendo, el fiscal Zurueta había iniciado; trece días antes de la remisión del legajo desde Salta; actuaciones por el secuestro de 6 millones de pesos que eran transportados de manera ilegal en un colectivo, también de Balut, en un control de Gendarmería Nacional en Ruta 9, a la altura de Tres Cruces (Jujuy). A su vez, Bautista fue detenido el 19 de noviembre de 2023 en otro procedimiento de Gendarmería, en el límite fronterizo entre La Quiaca (Argentina) y Villazón(Bolivia), cuando una patrulla advirtió un colectivo que circulaba con las luces apagadas por paraje Pueblo Viejo.
Los efectivos siguieron al transporte hasta el límite fronterizo y a 50 metros del río La Quiaca. Al notar a los gendarmes, los pasajeros bajaron y escaparon, mientras que Bautista (chofer), quedó detenido. En este caso, la fiscalía formalizó otro hecho y también por contrabando de exportación en grado de tentativa. Se especuló que la intención final era el paso del colectivo a Bolivia, unidad valuada en más de 26 millones de pesos. En ese momento se ordenpo prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.
Sin embargo, en un último hecho y ligado al comerciante, surgió de otro operativo de Gendarmería, nuevamente en Ruta 9 y en Tres Cruces, cuando descubrieron irregularidades en el transporte de 18 mil kilos de hierro y alambre de procedencia extranjera en un camión de carga; todo valuado en 40 millones de pesos. El chofer no pudo justificar el ingreso de la misma y surgió de entre los papeles presentados un remito a nombre de la firma Nazaret SRL.
Informes a la AFIP y la DGA
La fiscalía pidió medidas, entre ellas, informes a la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas (DGA), intervenciones telefónicas y el levantamiento del secreto bancario, previa autorización judicial. Con estas pruebas, la auxiliar fiscal Valentina Casali (Casos Complejos) identificó cuatro inmuebles desde los cuales desarrollaban la actividad comercial ilícita y solicitó allanamientos que se ejecutaron el 18 de septiembre pasado con unidades de Gendarmería Nacional de Salta como de Jujuy, con uniformados y contadores de dicha fuerza, y la suma de inspectores y técnicos de la AFIP y la DGA, entre otros de los organismos de contralor que intervinieron en las pesquisas.
Allanamientos
El primero de ellos estaba en La Quiaca, siendo una vivienda de Bautista con un predio contiguo de grandes dimensiones, donde recibían mercadería para pasar a Bolivia y vender o viceversa. En el lugar también lavaban y mantenían los colectivos de la empresa Balut. Allí secuestraron dos camionetas Toyota SW4, un camión Mercedes Benz, dos motos de alta gama y las sumas de 100.999.000 pesos argentinos, 429.000 pesos bolivianos y 2.100 dólares; varios teléfonos celulares, una notebook, 14 cubiertas de camión, cuatro pallets de mercadería, de alambre y ocho pallets de comida para mascotas.
En el segundo inmueble, también en La Quiaca, donde funciona un supermercado mayorista, se encontró a un empleado no estaba registrado por el Ministerio de Trabajo; que también intervino en la medida. Incautaron también 13.519.240 pesos argentinos, 271 pesos bolivianos, teléfonos, facturas, documentación comercial, sistemas de cámaras de video y cientos de cajas o bolsas de productos comestibles.
También en La Quiaca, en otro inmueble y donde funcionaba otro supermercado fue detenido Bautista con dos empleados, siendo uno un adolescente (16 – Bolivia), sin documentación migratoria. La fiscalía, a través del consulado de Bolivia, gestionó el salvoconducto necesario para que quedar a tutela de sus padres y retorno a su país de origen. Además, secuestraron 1.376.290 pesos argentinos, más teléfonos celulares, vehículos (entre ellos una camioneta Renault Kangoo nueva), computadoras, lectores de tarjeta de débito y más mercadería comestible.
El cuarto domicilio allanado era un galpón en San Salvador de Jujuy, donde vivía un hijo del comerciante con su pareja, lugar que (según surgió de las escuchas telefónicas), se usaba de soporte para llevar y traer mercadería. Allí encontraron 1.078 cajones de cervezas vacíos, 296 latas de cerveza, más de mil botellas de aceite, también otras bebidas alcohólicas, 680 botellas de gaseosa, y la suma de 292.000 pesos argentinos. De ninguna de las sumas de dinero se pudo presentar justificación alguna por parte del imputado, como tampoco por la gran cantidad de mercadería almacenada, valuada provisoriamente en una suma cercana a los 400 millones de pesos.
Existen comunicaciones de las cuales se supo que la cerveza, por ejemplo, era comercializada en el vecino país. De los informes aportados por los organismos de contralor comercial e impositivo, surgió que todos los locales eran de Nazaret SRL; firma que presentaba promedio de ganancia mensual de 29 millones de pesos, pero los comprobantes apenas justificaban 4 millones.
Prisión preventiva
La prisión preventiva del comerciante, pedida por fiscalía, se justificó en función del riesgo de fuga (conoce los cruces ilegales), entorpecimiento procesal, gravedad del hecho y la logística desplegada en el accionar ilícita. El auxiliar fiscal descartó el acceso a una condena condicional, ya que una sentencia en virtud de contrabando y lavado de activos, oscila entre los 4 años y 6 meses y los 23 años de prisión. Además, dijo que el acusado violó las reglas de conductas impuestas, entre ellas la obligación de no incurrir en nuevos delitos ni salir del país.
