La concejal del bloque radical, Margarita Rauch, convocó al cuerpo de ediles a detener el concurso llamado por la Municipalidad de Tartagal para designar a un nuevo Juez del Tribunal Administrativo de Faltas y Contravenciones; actualmente ocupado por el Dr. Farid Obeid. La legisladora comunal repasó el número de irregularidades del llamado, que desembocó en una presentación judicial por parte de Obeid.
El expediente finalmente volvió a Comisión de Legislación, por voto de la mayoría. Rauch enfatizó que “el hacer mal las cosas y que en cuestiones de forma jurídica y administrativa pueden significar para los tartagalenses tener que salir a cubrir de nuevo una demanda millonaria por no cumplir con las formas (…) como el caso de un cargo que no está vacante es llamado a concurso“, punto que expuso en la última sesión del Concejo Deliberante y en referencia al llamado para cubrir el cargo de Juez del Tribunal Administrativo de Faltas y Contravenciones.
Raúl Camacho, a su turno, culpó al ex intendente Mario Mimessi de “no cuidar las formas cuando mandó una resolución sin estar acompañado por una ordenanza para que preste acuerdo el Concejo Deliberante (sobre el cargo del Dr. Farid Obeid)”, agregando que “en 2021 (Obeid) ya tenía vencido su cargo y recién en 2023 se envía una resolución (ordenanza 26.489/23) esperando que se trate (…) el quorum no se cumplió y se hizo la denuncia ante la justicia”, enfatizó. Aparte, se resalta que es la Dra. Fabiana Becky quien cuenta con el respaldo comunal para ocupar el Tribunal.
Camacho, sin embargo, omitió recalcar que, en ese momento (año 2021), se continuaban con una serie de medidas extraordinarias por pandemia Covid-19 y que al momento de abordar el tema; bajo el recurso de “reconducción automática”; Mimessi envió dicha resolución y finalmente, por necesitar los dos tercios para su aprobación, se abstuvieron de votar Ernesto Restom (hoy secretario de gobierno municipal), Claudia Sánchez (secretaria de cultura) . “Teníamos la falta del concejal Nicolás Arce y Elva Rodas votó en contra (…) por esa razón, el expediente volvió a comisión de Legislación (…) pedimos no causarle al erario público los 500 millones que hubo que pagar a la empresa 13 de Junio”, cerró Rauch.
