Nuevo Diario de Salta.- La oposición unida consiguió este jueves por la madrugada; en la sesión especial de Diputados; un resonante triunfo con la aprobación del proyecto que limita el aumento de las boletas de servicios. La iniciativa retrotrae las tarifas a noviembre de 2017 y las congela por un año. Fueron 133 votos positivos contra 94 negativos y 3 abstenciones.
Los 133 votos a favor reunieron a todo el arco opositor de la Cámara de Diputados aun con las disidencias sobre la iniciativa que declara la “emergencia tarifaria”, retrotrae las tarifas de luz, gas y agua a noviembre de 2017, propone estabilizarlas por un año y ata los futuros aumentos al índice de variación salarial para los hogares y al índice de precios mayoristas para pymes, cooperativas y empresas recuperadas.
Mientras se debatía, unas cien multisectoriales se manifestaron afuera del Congreso contra la suba de tarifas en y en diferentes ciudades del país. Bajo la consigna #NoAlTarifazo, pidieron a los usuarios que publiquen en las redes sociales sus facturas de gas, agua y electricidad.
La oposición dejó de lado varios capítulos del texto original. Como la reducción del IVA en las facturas de los servicios (del 21 por ciento al 10,5) para aplacar el reclamo de los gobernadores por los ingresos que dejarían de percibir sus provincias con la rebaja del impuesto coparticipable.
El recorte tarifario no alcanzará a los sectores más altos, ya que los límites se establecieron de acuerdo a los consumos de los servicios. Mientras que se amplió el alcance de la tarifa social más allá de los beneficiarios de planes sociales, y que alcanzará -por ejemplo- a los clubes de barrios. Al cierre de esta edición se discutía artículo por artículo.
Desde el oficialismo, volvieron a hacer eje en el “costo fiscal” de la iniciativa opositora. Se apoyaron en un informe que Cambiemos solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que todavía no tiene acceso a sistemas informáticos, no tiene personal técnico contratado y ni siquiera oficina. Allí se estableció que el costo fiscal alcanzaría 80 mil millones de pesos.
De convertirse en ley el proyecto votado anoche, sólo alcanzará a las empresas de servicios concesionadas por el gobierno nacional (sólo el gas abarca todo el país), por lo que las provincias podrían adherir a la emergencia nacional para adecuarla a las empresas que brindan los servicios en cada una de ellas.
