Región Norte Grande.- Las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que reconocen la ocupación actual, tradicional y pública de siete territorios se publicaron este martes en el Boletín Oficial. En medio del enfrentamiento que se lleva adelante en la provincia de Río Negro, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas publicó siete resoluciones que brindan reconocimiento a comunidades aborígenes de Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
A través de las Resoluciones 62/2020, 63/2020, 64/2020, 65/2020, 66/2020, 67/2020 publicadas en el Boletín Oficial de la Nación el 1 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI; tras realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral en las provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero; reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de distintas comunidades aborígenes.
En Salta, el INAI reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Kaa Puku-Campo Largo, perteneciente al Pueblo Guaraní, respecto de una superficie de 2.015 hectáreas en la localidad Aguaray del departamento de General San Martín”.
En la localidad de General Mosconi, el organismo validó la ocupación territorial de un terreno de 1.228 hectáreas a la Comunidad Aborígen “Misión Nueva Esperanza”, perteneciente al Pueblo Wichi.
También en Mosconi se reconoció la ocupación de un territorio de 46 hectáreas a la Comunidad Indígena “Tres Paraísos” perteneciente al Pueblo Wichi. Por último, la Comunidad Wichí de la “Misión Federico Pérez” logró que se reconozcan 24 hectáreas, en el mismo municipio.
En la provincia de Jujuy, el INAI reconoció 21.132 hectáreas a la Comunidad Aborigen de Santo Domingo, perteneciente al Pueblo Coya.
De este modo, en Santiago del Estero fueron reconocidas 1.971 hectáreas en la localidad de Tío Pozo (departamento Loreto), a la Comunidad “Ayllu Cacan Turus Kayku“, perteneciente al Pueblo Diaguita Cacano. En la misma provincia, con un territorio de 8.257 hectáreas, fue reconocida la Comunidad “Tonokoté Breáyoj” del Pueblo Tonokoté.
La decisión fue tomada con el objeto de manifestar “la íntima relación” de las distintas comunidades “con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos”.
El Dato
– La Ley nacional 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años. Se buscaba dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país. Fue prorrogada en tres oportunidades. La última se realizó en 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su vigencia hasta noviembre de 2021.
