Una compleja organización criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes fue desarticulada tras una extensa investigación encabezada por la Fiscalía Federal de Salta. Ocho internos y una mujer fueron imputados por integrar una red dedicada al ingreso y distribución de drogas en el penal. La causa expone una trama que habría operado durante meses con logística interna y externa, y que incluso involucraría, según la acusación, la posible connivencia de agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La investigación se inició en enero de 2024, a raíz de la fuga de un recluso, lo que derivó en un control más estricto que reveló el ingreso sistemático de estupefacientes. Se secuestraron más de 250 teléfonos celulares y videos en los que se observa a los internos fraccionando cocaína dentro de las celdas. Durante los allanamientos, los propios reclusos arrojaron drogas por las ventanas en un intento por deshacerse de la evidencia.
La jueza federal Mariela Giménez ordenó la prisión preventiva de todos los acusados y su traslado a otras unidades carcelarias. Entre los implicados figura Rubén Ángel Rodríguez, alias “El Patrón”, considerado el organizador del entramado delictivo. Junto a él, están involucrados otros siete internos y su pareja, Analía Ivana Astigueta, detenida en Orán. La imputación: comercialización de estupefacientes agravada por el número de personas y por haberse cometido en un lugar de detención.
El siguiente es el detalle de las causas de cada imputado: Rodríguez cumple una condena de 8 años por transporte de estupefacientes agravado como organizador. Bilaja, condenado a 6 años y 6 meses por el mismo caso, cumple prisión domiciliaria por razones de salud. Acosta enfrenta un proceso abierto desde abril de 2024 por infracción a la Ley de Drogas. Fragapane fue condenado recientemente a 7 años y 7 meses por transporte de estupefacientes. Toledo, por su parte, cumple una pena de 10 años por secuestro extorsivo doblemente agravado.
Completan la lista Villareal, con 3 años de prisión por robo y hurto; Olmos, condenado a 4 años y 6 meses por tenencia de drogas con fines de comercialización; y Chaile, sentenciado a 3 años por transporte de estupefacientes. Cabe destacar que, en el marco del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo —según la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad— se solicitó que Rodríguez sea incluido en este protocolo especial, aunque la decisión final dependerá del SPF.
El expediente judicial incorpora pruebas bancarias, pericias sobre celulares y análisis de transferencias que confirmarían una red mafiosa interna. La fiscal auxiliar Roxana Gual remarcó que la droga circulaba “de un extremo a otro del penal bajo sus narices o con su complicidad”, en referencia al SPF. El caso aún sigue en etapa de investigación y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis del material recolectado.
