En el marco de la negociación paritaria correspondiente al segundo semestre de 2025, el Gobierno de la provincia de Salta alcanzó un acuerdo con la mayoría de los gremios estatales, estableciendo un incremento salarial del 23% para empleados públicos, distribuido en tres tramos: 4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre. Además, se definió el pago de un bono extraordinario de $50.000, que se abonará con los sueldos de julio.
Entre los sectores con definiciones particulares se encuentran:
- Docentes: El salario inicial se fijó en $715.000 para la jornada simple, con mejoras en los ítems de jerarquización y transporte (15%). Se mantiene la compensación transitoria docente hasta diciembre.
- Salud pública: Se actualizaron los contratos y se avanzó en la jerarquización de áreas críticas, además de disponer pases a planta temporaria.
- Administración centralizada y seguridad: Se establecerán adicionales específicos y se prevé la incorporación de nuevos agentes según necesidades operativas.
Sin embargo, el acuerdo no fue unánime. Tres gremios importantes—ADP (Asociación Docente Provincial), AMET (Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado)—rechazaron la propuesta oficial, calificándola de insuficiente frente al ritmo inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo.
Uno de los reclamos más relevantes de los gremios disidentes es el blanqueo del Código 690, un ítem salarial que incide directamente en el monto de los haberes docentes y las futuras jubilaciones. La falta de avance sobre este punto generó malestar entre los representantes sindicales, quienes anticiparon que podrían intensificarse las medidas de fuerza si no se reabre la negociación.
El escenario paritario salteño refleja una tensión creciente entre el Ejecutivo provincial y parte del arco gremial, en un contexto donde los ajustes económicos impactan de lleno en las condiciones laborales del sector público. A pesar de ello, desde el Ejecutivo provincial remarcaron el clima de diálogo sostenido con los gremios, que permitió arribar a consensos con responsabilidad fiscal y sentido de equidad.
