Nuevo Diario de Salta.- Tras la realización de la Audiencia Pública número 99 en Salta, desde la Defensoría del Pueblo se planteó el rechazo al incremento de la tarifa del gas, y que el incremento sea proporcional al 23%, similar a las partitarias estatales para este año, y no lleguen el 36% proyectado para abril.
En la audicencia que se llevó a cabo en sede de COPAIPA, se subrayó que la solicitud se plantea debido a la situación crítica de carácter social y económica que viven los argentinos en general y los salteños en particular.
La comisionada Defensora del Pueblo, Frida Fonseca Lardies reveló la necesidad de garantizar los principios que la Corte Suprema de Justicia de la Nación amparada en el plexo de la Constitución Nacional establece, los cuales son: no confiscatoriedad, proporcionalidad, acequibilidad y razonabilidad de las tarifas.
Además, señaló que: “Es necesario considerar el reclamo de los usuarios que no tienen capacidad de pago debido a los diferentes incrementos”.
Desde la Defensoría se planteó la situación de Salta en el contexto nacional, donde más del 50% de los ciudadanos deben recurrir al gas envasado mediante la compra de garrafa para poder nutrirse de la energía correspondiente.
Se solicitó el incremento del subsidio a los beneficiarios para la compra de garrafa social y se pidió el incremento en la bonificación del precio en Tarifa Social el cual se ha reducido significativamente provocando un impacto negativo.
La funcionaria solicitó al Enargas que en el marco de las resoluciones aprobadas para las revisiones tarifarias, las cuales no son automáticas, tenga en consideración el impacto en las economías familiares, se consideren los niveles de actividad laboral salarios y jubilaciones como parámetros necesarios para definir el cuadro tarifario.
Dada la situación económica, se posponga el ajuste y se defina una tarifa proporcional a los salarios que no puede superar el 23% anual.
Por último, la Defensora del Pueblo requirió no autorizar el incremento peticionado por las empresas, suspender el ajuste semestral hasta que se supere la emergencia económica, y definir a la garrafa como un servicio público y esencial para los sectores más vulnerables.
