Mediante acordada 14.239, la Corte de Justicia de Salta definió el presupuesto para el año 2025, texto donde establece prioridades y ajustes, fijando número de empleados y solicitando 65 nuevos cargos para habilitar juzgados juveniles; entre ellos en Tartagal; y mejorar la gestión judicial. Además, plantea medir la productividad de los tribunales asignando presupuestos por programa, entre otras propuestas.
La Corte, reunida el lunes 14, resaltó el contexto económico actual y estableció prioridades para el presupuesto de más de 132 mil millones de pesos que dispone para el 2025 (132.782.988.614 pesos en total), entre sueldos (108.941.408.179 pesos), bienes (730.600.232 pesos) y servicios (4.591.863.818 pesos); estableciendo en primer lugar que algunos tribunales creados no comenzarán a funcionar de inmediato.
Agrega la decisión de fijar el número de empleados en 2.815 personas y nombrar 65 nuevos cargos para habilitar 3 juzgados juveniles (35), entre ellos el Juzgado Penal Juvenil y de Garantías en el Distrito Judicial Tartagal (los otros son Metán y Orán); que precisa 10 cargos (Ley 8389); y otros 30 cargos de profesionales de varias disciplinas y así terminar de implementar el sistema de oralidad de todos los fueros, las oficinas de gestión judicial y la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) en los Distritos Sur – Circunscripción Metán, Orán y Tartagal.
Se decidió también que algunos tribunales creados no comenzarán a funcionar de inmediato, listado que integra el Juzgado de Ejecución y Detenidos (Distrito Judicial Tartagal), por falta de los recursos necesarios; pero será lo contrario, aparte del Juzgado Penal Juvenil y de Garantías, el caso del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación en Tartagal, para el cual se definirán 5 cargos (Ley 7878). Se recordó que la Corte de Justicia viene implementando el sistema de oralidad y el expediente digital para optimizar el acceso a la justicia y priorizar los recursos públicos, lo que requiere de mantenimiento de la infraestructura tecnológica y la adecuación de instalaciones.
Además, la Corte planea medir la productividad de los tribunales instalando un sistema de presupuesto discriminado para el Fuero Penal, Fuero Civil, de Personas y Familia, de Violencia de Genero, Fuero Laboral y Escuela de la Magistratura; y comenzar a reinvertir fondos recaudados en ciertos cursos y programas de formación; peticiones que esteblecieron bajo la Ley 7838; a ser depositados en la “Cuenta Depósitos Judiciales”.
El monto de los fondos recaudados y de los cursos de la Escuela de la Magistratura se estiman en 295.000.000 pesos; suma que resulta de fondos que se recauden en cumplimiento de la Ley 7.838 (estimados en 250.000.000 pesos) y del arancelamiento de los cursos que se dicten a través de la Escuela de la Magistratura (estimados en 45.000.000 pesos). Esto busca garantizar la sostenibilidad y la mejora en la gestión del servicio de justicia en la provincia.
