Tres exfuncionarias municipales de Tartagal irán a juicio oral y público acusadas de exigir dinero a beneficiarias del programa nacional Acompañar, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género. La exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad, Carla Antonella Cordero, junto a las empleadas Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez, enfrentarán cargos por el delito de concusión agravada. También fue imputado Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, como partícipe necesario.
Según informó el sitio oficial Fiscales.gob.ar, la investigación determinó que en 2022 las acusadas solicitaban pagos de hasta 10 mil pesos a mujeres que ingresaban al programa, bajo amenaza de quitarles el beneficio. Las maniobras incluían la alteración de datos en el sistema para impedir el cobro si las víctimas dejaban de pagar. Hurtado habría facilitado su cuenta bancaria para recibir los fondos y ofrecía el acceso al plan a cambio de un porcentaje.
La causa se inició tras varias denuncias: una realizada por una beneficiaria en noviembre de 2022, otra con reserva de identidad, y presentaciones de concejales de Tartagal y una diputada nacional por Salta. También se sumaron actuaciones preliminares derivadas de la cobertura de medios locales y redes sociales. La fiscalía federal de Orán, a cargo de Marcos Romero, dirigió la investigación con apoyo de Gendarmería Nacional.
Durante la audiencia de control de acusación, la jueza Mariela Catalano rechazó los planteos defensivos y consideró que existe evidencia suficiente para avanzar a juicio. Se confirmó la relación laboral de las imputadas con la Dirección de Asuntos de la Mujer y Diversidad desde enero de 2021, y se detectaron transferencias periódicas desde beneficiarias del programa a cuentas vinculadas a las funcionarias y al hijo de una de ellas.
La fiscalía solicitó penas de hasta cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al tratarse de un delito contra la administración pública. Aunque las acusadas pertenecían al ámbito municipal, los fondos involucrados provienen del Estado Nacional. La jueza coincidió con la fiscalía en que la audiencia no permite valorar pruebas, pero sí habilita el debate oral.
El caso será debatido en juicio oral, donde se presentarán pruebas documentales, testimoniales y bancarias que respaldan la acusación. La situación generó fuerte repercusión en Tartagal, por tratarse de un programa de asistencia social sensible y por el rol institucional que ocupaban las imputadas. La fiscalía remarcó que las conductas denunciadas vulneran derechos fundamentales y afectan la confianza en las políticas públicas de protección.
