El gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto disponiendo el congelamiento de salarios de funcionarios, suspensión de contrataciones y reducción de gastos. La normativa invita a los otros poderes del Estado a adoptar criterios similares, informó la vocera de Gobierno, Paula Benavides, en conferencia de prensa este jueves por la tarde.
El decreto de austeridad se extiende por 180 días ante la caída de la coparticipación, con el objetivo de reorganizar las cuentas públicas sin trasladar el ajuste a los sectores más vulnerables. En conferencia de prensa, la vocera Benavides explicó que la medida responde a una marcada disminución en los recursos coparticipables, producto de la caída del consumo, y por lo tanto, el ajuste estará enfocado en el gasto administrativo.
Se establece el congelamiento total de las remuneraciones de funcionarios de altos rangos, incluyendo al Gobernador, Jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, alcanzando también a la Secretaría General de la Gobernación, Fiscalía de Estado, Sindicatura General, personal de apoyo, gerentes, directores, presidentes de organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado; como así también se decidió la no contratación de personal.
Quedan prohibidas las comisiones de servicio fuera del país, salvo aquellas de estricto interés para la provincia o situaciones de emergencia, y se suspenden los gastos vinculados a cortesía y protocolo. Entre otros puntos, se revisarán y renegociarán en un plazo no mayor a 60 días todos los contratos en moneda extranjera vinculados a la provisión de bienes y servicios, a fin de fijar nuevos precios; y establece que los organismos descentralizados deberán rendir cuentas mensuales al Ministerio de Economía, con un estricto control sobre el parque automotor, especialmente en el consumo de combustible y uso de vehículos oficiales.
La vocera destacó que esta medida invita a los otros poderes del Estado a copiar la medida, remarcando que la Provincia no permitirá que la volatilidad económica afecte sus cuentas. Señaló que mientras Nación aplica recortes generalizados, Salta sostiene un criterio de ajuste focalizado, priorizando no afectar al ciudadano. Remarcó que la Provincia continúa haciéndose cargo de áreas sensibles como el subsidio al transporte, el pago del incentivo docente y el acompañamiento a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
Como ejemplo, se mencionó el caso de HIRPACE, institución a la que se le subsidian en su totalidad los servicios de luz y agua. En este marco hizo referencia a las gestiones del Gobernador Saénz con el secretario de Salud de la Nación, quién asumió el compromiso de saldar la deuda con estas instituciones, y recordó que previamente se logró la restitución de pensiones que habían sido dadas de baja.
Sobre el impacto de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, más de 200.000 salteños se ven alcanzados, impacta directamente en 53.000 beneficiarios y representa una retracción de aproximadamente 4.000 millones de pesos mensuales en la economía local. Se advirtió que estos recursos (78 mil pesos/beneficiario) dinamizaban el consumo en comercios de cercanía y eliminarlo afecta directamente a la economía cotidiana, en un contexto donde aún no hay precisiones sobre la implementación de los anunciados vouchers y capacitaciones.
Finalmente, la vocera puso en valor el rol del Estado provincial frente a la emergencia climática y destacó el trabajo sobre la base de un sistema de alerta temprana y la articulación entre áreas como Seguridad, Desarrollo Social, Salud y municipios.
En relación a la asistencia, recordó que se realizaron más de 100 vuelos de asistencia aérea con alimentos, agua y medicamentos, llegando a zonas de difícil acceso.
Solo en Rivadavia Banda Norte y Banda Sur se entregaron 8.000 módulos alimentarios, mientras que más de 35 municipios recibieron acompañamiento con provisión de agua potable, colchones, chapas y otros elementos de primera necesidad. Destacó que las obras de infraestructura realizadas en el río Pilcomayo con fondos provinciales —como el meandro, el alteo de la costa, el refuerzo de anillos de contención, badenes en la ruta 54 y alcantarillas— permitieron mitigar riesgos y evitar mayores complicaciones. (Gobierno de Salta)
