Este miércoles 11 de febrero, por convocatoria de Conadu Histórica, universidades nacionales llevan a cabo un paro de 24 horas en contra de la reforma laboral y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se decidió el pasado 6, en el Plenario de Secretarías Generales del gremio. En Tartagal, sumó la adhesión de la Facultad Regional de la UNSa.
El paro se enmarca así en el rechazo a la reforma que hoy debate el Senado de la Nación y en sesiones extraordinarias, que impacta en el Convenio Colectivo de Trabajo, la libertad sindical, asambleas, plenarios y otros; además de impulsar despidos arbitrarios. El gremio resalta la profundidad de la crisis salarial y la necesidad de sostener y profundizar la acción para recuperar el salario, defender el presupuesto universitario y frenar el retroceso en materia de derechos laborales y sindicales.
Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un aumento del 50 por ciento en los salarios, no se cumple a pesar de una sentencia judicial de 2025 que obliga a la administración Milei a efectuarlo; colocando en riesgo el año lectivo 2026, con más del 70 por ciento de profesores por debajo de la línea de pobreza, afectando actividades académicas, investigativas y de extensión.
En capítulo aparte, no se deja de lado las denuncias públicas hacia sectores nucleados con el CIN (Consejo Universtario Nacional) que negocia con Nación a espaldas de los trabajadores un porcentaje del 12 por ciento y en tres cuotas, contrariando a la Ley Universitaria.
El Plenario realizado la semana pasada y de manera virtual abordó la crítica situación salarial, la reforma laboral, el ahogo presupuestario de las universidades nacionales y el conjunto de proyectos del gobierno nacional, entre ellos la reforma de la Ley de Educación, la reforma previsional y la eliminación de la paritaria nacional docente.
En resumen, detalla la Conadu Histórica, la docencia universitaria se expone a más precarización, situaciones más inestables, menos derechos colectivos y un ataque directo a la organización sindical, con salarios a la baja, pérdida de antigüedad, flexibilización de condiciones de trabajo y más incertidumbre en la educación superior pública.
