Ante la viralización de datos inexactos y erróneos sobre la causa en investigación, la Unidad Fiscal convocó a una conferencia de prensa para actualizar información de la causa y realizar aclaraciones necesarias. El abogado Rambert Ríos cuestiona la investigación y no solo difundió datos e imágenes de la bebé, sino también un video que; asegura; prueba la inocencia de la única detenida. Los fiscales resaltan que la mujer continuará detenida y la investigación sigue el curso.
La conferencia inició con lectura del artículo 263 del Código Procesal Penal de Salta. La Unidad Fiscal, que integran los fiscales penales Lorena Martínez, Rafael Medina y Pablo Cabot; considerando que se levantó la reserva de actuaciones dispuestas oportunamente; aprovecharon la posibilidad de realizar aclaraciones o acotaciones necesarias. El Dr. Medina (fiscal penal 2 de Tartagal) repasó los detalles más importantes del caso, desde su inicio hasta el operativo de búsqueda y recursos desplegados, pasando por la recuperación de la bebé.
Resaltó las tareas desplegadas (con la urgencia que el caso requería), como relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, relevamiento de testigos, rastrillaje y controles en rutas, terminales y otros puntos de interés. El relato que presentó, cronológicamente, fue seguido por el Dr. Cabot (fiscal penal 1 de Tartagal), sobre la conformación de la Unidad Fiscal junto a la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género, Lorena Martínez; a fin de optimizar y agilizar la investigación.
Cabot fue quien explicó el análisis realizado sobre las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas, aclarando que la única parte “editada” del material que se difundió mediáticamente fue el pixelado que se aplicó sobre el rostro de la bebé a fin de preservar sus derechos (Ley 26.061/2005). Enfatizó que los videos del Centro de Video Vigilancia (911) cuentan con medidas de seguridad que impiden su manipulación, en tanto se proyectaron algunas de las filmaciones incluidas en la causa, acompañando con una descripción pormenorizada con aclaraciones que se consideraba prudente realizar.
Sobre el video difundido por medios de comunicación (propiedad de un particular), el fiscal destacó que inmediatamente después de tomar conocimiento de su existencia, la Brigada de Investigaciones concurrió para adquirir las imágenes, pero ante la resistencia del propietario se debió recurrir al Juzgado de Garantías interviniente, el libramiento de una orden de allanamiento y secuestro. De dichas imágenes, analizadas por el oficial de la Brigada, se determinó un desajuste horario de 36 minutos (marca 19:54 cuando en realidad es la hora 20:30). Esta constatación se realizó en presencia del propietario, quien firmó la correspondiente acta.
Además, al tratarse de cámaras con sistema infrarrojo (se activan al movimiento), las imágenes se registran en dos colores y de allí que generan diferencias en la percepción de los colores de la ropa de la mujer captada. “Del análisis exhaustivo de una gran cantidad de horas de filmación en cámaras de seguridad, públicas y privadas, la Unidad Fiscal concluye que existen elementos para afirmar que no se trata de dos personas distintas, sino de una única persona captada en las filmaciones incorporadas a la causa y que no existe ninguna discordancia respecto a los horarios de registro”, presenta un comunicado oficial.
El abogado Ríos (para la familia de la bebé) había convocado a una conferencia de prensa el lunes 31 de julio, donde expuso este último video; afirmando que las imágenes probaban que la mujer detenida es inocente, cuestionaba el trabajo de los fiscales y conminaba a que la Unidad Fiscal debía disolverse.
Por último, la fiscal penal Lorena Martínez recordó que tras la aparición con vida de la bebé, la investigación llevó hasta una mujer de 25 años; actualmente imputada en forma provisional como autora del delito de sustracción de menores, previsto en el artículo 146 del Código Penal; quien permanece detenida a requerimiento de los representantes del Ministerio Público y por disposición del Juzgado de Garantías interviniente, para garantizar el normal desarrollo de la investigación.