El juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, declaró “inadmisible” el recurso de apelación interpuesto por dos de los tres integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación y por lo tanto, la mujer de etnia originaria; única acusada del delito de sustracción de persona menor de edad; mantendrá la detención domiciliaria.
La UFI, Unidad Fiscal de Investigación, fue creada por Legajo de Investigación 52/23 por orden del procurador general Pedro Oscar García Castiella. Los fiscales penales Lorena Martínez y Pablo Cabot habían apelado el beneficio de arresto domiciliario otorgado por el juez Mariscal Astigueta a la mujer acusada; destacando posibilidad de fuga, potencial obstrucción de la investigación y por la naturaleza del delito bajo investigación.
Ayer viernes 25, el magistrado resolvió rechazar la petición y por lo tanto, la mujer continuará bajo arresto domiciliario; beneficio que reclamaron (con protestas y encadenados ante Ciudad Judicial) los caciques de comunidades wichi y familia de la acusada, como también el abogado defensor de los padres de la bebé.
Los hechos ocurrieron el 14 de julio de este año. La bebé, de menos de un día de nacida, fue robada de la sala de Maternidad del Hospital Perón, en Tartagal; y fue encontrada menos de 24 horas, en la noche y expuesta a muy bajas temperaturas, en un terreno baldío de zona este por un vecino que escuchó su llanto. De la investigación y de la inspección de las cámaras de seguridad, se observó el accionar de una mujer (la detenida) que llevaba un bebé en sus brazos. Desde su arresto, ocurrido el 20 de julio, se negó a prestar declaración primero y posteriormente los pueblos originarios reclamaron su liberación.
