La ex directora de Pami Salta, Verónica Molina, los empleados Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, el ex director de Anses Salta, Marcos Vera y el ex concejal Fernando Ruarte, fueron absueltos de acusaciones por exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y peculado. El tribunal incluso desechó la responsabilidad penal por el destino de cientos de electrodomésticos, donados al PAMI, pero entregados en actos políticos.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por Gabriela Catalano, Domingo Batule (presidente) y Abelardo Basbus, absolvió ayer jueves 30 de mayo a 4 ex funcionarios de Pami y Anses de Salta; juicio que comenzó el 22 de febrero por los delitos de exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y peculado en grado de coautores; como así también un ex concejal del Partido de la Victoria, acusado como partícipe necesario por malversación de caudales públicos.
Los funcionarios eran la ex directora de Pami Salta, Verónica Molina; los empleados Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo; el ex director de Anses Salta, Marcos Vera; y el ex concejal PV, Fernando Ruarte. Tanto la acusación como la investigación y litigación fue llevada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien consideró acreditada la conducta ilegal de los acusados; excepto del ex edil Ruarte. Éste estaba señalado de exigir a jefes de distintas agencias PAMI en el interior provincial el pago del 20 por ciento del sueldo en concepto de aportes a la organización política La Cámpora.
La fiscalía sostuvo que el delito se concretaba mediante transferencias, y en algunos casos a través del sistema de bolsín (comunicación interna de Pami). Vera y Molina estaban acusados de ser los principales responsables de esta maniobra y receptores de los pagos; ambos referentes de peso en “La Cámpora” de Salta, en ese entonceds. El fiscal afirmó que la “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento.
La investigación comenzó de oficio a partir de una denuncia anónima y de diálogos que incriminaban a los dos dirigentes, expuestos por fotos de capturas que se hicieron públicas. A estas evidencias, se sumaron audios y otras declaraciones, entre ellas la de dos exjefas de agencias confirmando las acusaciones, tanto en una audiencia de juicio por el cobro indebido del IFE como ante la fiscalía, al momento de ser citadas durante el inicio de las actuaciones. Se estableció asi el supuesto uso irregular del sistema de bolsín del Pami.
El otro eje de las acusaciones era la entrega de cientos de electrodomésticos donados al Pami por la Dirección Nacional de Aduanas para distribuir entre los afiliados de extrema vulnerabilidad, cuyo destino; acusó fiscalía; fue desviado con fines electorales. Se planteó que los bienes terminaron siendo funcionales a la campaña del entonces concejal Ruarte, para su reelección por PV en Salta Capital; sin conseguirlo; pero no por la acusación penal, iniciadas meses después de las elecciones.
Argumentos del tribunal
Los jueces desecharon todas las acusaciones. El juez Batule dijo que las personas con cargos públicos no pueden sentirse afectadas cuando son investigadas, ya que se trata de una manda con rango constitucional que recae en los representantes del Ministerio Público Fiscal; para luego dar a conocer la decisión unánime del tribunal de absolver a todos los acusados y la acusada, cuya exposición de fundamentos estuvieron centrado en un análisis del tipo penal. En esta instancia se refirió a los alcances de la figura de exacciones ilegales, ya sea que se apliquen las figuras contempladas en el artículo 266 o 268 del Código Penal.
Batule dijo que, a su criterio, la exigencia de pago aludida por la fiscalía no es tal, ya que no había relación funcional de los acusados principales, Vera y Molina, con los jefes de agencias, entre quienes mencionó a Emilia Fabiana Juárez (Orán) y Viviana Fernández (El Carril), titulares de las sucursales, juzgadas por el cobro ilegal del IFE. La segunda fue condenada por el Tribunal Oral Federal N°1 el 6 de agosto del 2021. Se reveló que ambas eran obligadas a pagar el 20 por ciento de su sueldo y que esa demanda provenía de Vera y Molina.
Las dos ex funcionarias reconocieron sus dichos pero bajo otro matiz, asegurando que “había sido por el enojo que sentían” por no haber tenido el apoyo cuando eran juzgadas, retractación a la que el juez Batule dio credibilidad, sin analizar las otras pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellas los audios y capturas de mensajes que confirmaban el tenor de imposición que tenía el aporte requerido por los acusados. Consideró veraz que el dinero requerido era a título contribución y estaba dirigido a subvencionar actividades sociales de La Cámpora, lo que no evaluó como ilegal.
Catalano admitió el pedido como una exigencia, aunque aclaró que Vera no era funcionario del Pami sino asesor de la Legislatura de Buenos Aires, al momento de los hechos imputados, y que no hay pruebas que Molina hiciera tal pedido. Sostuvo que Vera pedía para la organización y no para sí mismo; como también compartió el criterio respecto a la justificación dada por Fernández y Juárez al retractarse. La misma sintonía fue con los electrodomésticos, conducta que tampoco calificaron como delictual, sino más bien como una irregularidad (eximieron a Pami), puesto que el organismo no estaba preparado para ese tipo de actividad. El destino de los bienes, dijeron, se cumplió; más allá del aprovechamiento político de Ruarte, siempre estuvo Pami presente.
