La Justicia Federal de Salta condenó a dos exfuncionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) por irregularidades en el registro y tránsito de animales. La sentencia, dictada el 18 de diciembre pasado por la jueza de Garantías N°2, Mariela Giménez, alcanzó a Sergio Miguel Achtar y Natalia Gramajo, quienes se desempeñaban en la oficina de Joaquín V. González, departamento de Anta.
Achtar, inspector profesional y responsable de la dependencia, recibió una pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso por incumplimiento de deberes de funcionario público y facilitación culposa de documentos pecuarios falsos. Gramajo, secretaria administrativa, fue condenada a un año de prisión en suspenso por el mismo delito. Ambos fueron hallados responsables de maniobras que alteraron el stock de animales y emitieron documentos de tránsito sin validez legal.
El proceso judicial se inició en septiembre de 2024, tras denuncias presentadas por Álvaro Ortiz de Urbina, presidente de la fundación “Ganaderos del Sur”, y por un familiar de una productora agropecuaria. Los denunciantes advirtieron inconsistencias en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), donde figuraban movimientos de ganado inexistentes, incluso a nombre de productores fallecidos.
Las investigaciones revelaron que se emitieron Documentos de Tránsito Electrónico (DTE) para equinos y vacunos con destino a Entre Ríos, sin que los animales hubieran salido de las fincas. En algunos casos, las maniobras se repitieron varias veces y afectaron directamente el stock de los productores, reduciendo su acceso a vacunas y otros beneficios.
El SENASA realizó dos auditorías internas que confirmaron las irregularidades: documentos sin firmas, ausencia de datos personales obligatorios y movimientos registrados con números de RENSPA pertenecientes a productores fallecidos. La fiscalía destacó la gravedad de los hechos, ya que implicaron el traslado de ganado sin controles sanitarios, lo que representa un riesgo para la salud pública y para campañas de prevención de enfermedades como la fiebre aftosa.
Además de los dos condenados, continúa imputado Raúl Francisco Díaz Pardo, excoordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA, acusado por incumplimiento de deberes y facilitación de documentos falsos. El Ministerio Público Fiscal concluyó que los exfuncionarios omitieron cumplir las normas que regulan la actividad pecuaria, actuando con negligencia y en contradicción con las funciones que les fueron encomendadas como garantes del sistema sanitario nacional.
