El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta condenó este miércoles 7 de diciembre a Delfín Reinaldo Castedo a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes del mismo. También fue condenado como partícipe necesario del delito de “falsificación material de documento público” y coautor de “falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos”. En cuanto al uso de ellos, fue absuelto por el beneficio de la duda.
El caso estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, con los fiscales generales Diego Iglesias y Eduardo Villalba, y en el debate oral (iniciado el 3 de noviembre/2021) intervinieron el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier: colaborando en la investigación la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El Tribunal estuvo presidido por Federico Santiago Díaz e integrado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz.
Raúl Amadeo Castedo (hermano) y Eduardo Torino (martillero público) fueron condenados a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita. Los comerciantes Alberto y Luis Yudi recibieron 7 años de prisión, y Melba Del Carmen Araujo (ex mujer de Delfín Castedo) recibió 5 años de prisión. Mario Alberto Yudi (hijo de Alberto) recibió 3 años de prisión por lavado de activos, pero fue absuelto por el beneficio de la duda respecto en la imputación como miembro de la organización. Todos los condenados deberán pagar multas de entre 90.000 y 1.200.000 pesos.
Antes de ser condenados, los Castedo rechazaron las acusaciones y aseguraron ser perseguidos. Torino insistió en ser ajeno a los hechos y manifestó que fue un “mal negocio”. Araujo se describió como “una mujer sencilla, de pueblo que le tocó ser la mujer de Castedo” y resaltó que se enteró de una infidelidad de su expareja durante el juicio. Los Yudi se limitaron a expresar su inocencia y a pedir una sentencia justa.
Decomisos
El Tribunal rechazó una serie de nulidades planteadas por las defensas de Delfín Castedo y Torino y excluyó los audios reproducidos por el defensor del líder de la organización. Se ordenó el decomiso del automóvil VW Cross Fox (usado por Araujo) y quedó a disposición del Gobierno de Salta, para ser destinado a necesidades en los ministerios de Salud o Educación.
También se decomisó (a favor del Estado Nacional) la finca “El Aybal”; de 19.954 hectáreas; ubicada en el departamento San Martín, propiedad abarca los lotes “Caricate”, “Nupiau” y “Quebracho Ladeao”. Limita con el Estado Plurinacional de Bolivia. Sobre otros bienes cuyo decomiso pidió la PROCUNAR NOA, el Tribunal difirió su tratamiento ya que aún no se descarta la presentación de reclamo por parte de otros familiares e interesados.
El rol del Ministerio Público Fiscal
En su exposición los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron el impulso que dio al caso la PROCUNAR NOA y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervino como querellante en el juicio, y con los que la fiscalía compartió (casi en su totalidad) los argumentos y pedidos de pena para los acusados. Amad y Viltes Monier expusieron los vínculos de los Castedo con organizaciones del narcotráfico en Argentina, Bolivia y Colombia; y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad e incluso operadores de la justicia provincial y federal.
En base a las pruebas, remarcaron que existió un acuerdo de voluntades entre los acusados, dirigido a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de otros delitos aleatorios. El homicidio de Liliana Ledesma (21 de septiembre de 2006) fue citado, recordando que ella había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca “El Pajeal” para el transporte de droga desde territorio boliviano a una propiedad perteneciente a una hermana de los Castedo.
La organización operó entre 1999 y julio de 2016, momento en que se detuvo a su líder; prófugo desde hacía 10 años y por la investigación del homicidio de Ledesma. Amad indicó que el primer líder fue el fallecido Ernesto Aparicio (ex diputado provincial), propietario de “El Pajeal”. Tras la muerte de Aparicio, Castedo quedó al frente de la organización y en el lugar montó una “aduana privada”. A lo largo del juicio, la fiscalía presentó gran cantidad de testigos y prueba documental, entre ellas intervenciones telefónicas que probaron la utilidad de esas tierras y “El Aybal” para el tráfico de drogas.
Los acusados, además, estaban vinculados a otras organizaciones narcocriminales, entre ellas la de Carlos Salvatore (fallecido abogado), condenado por contrabandear más de una tonelada de cocaína a Europa en la causa “Carbón Blanco”. También establecieron que “alteraron la paz social” en Salvador Mazza, a causa de los “constantes conflictos” por la insistencia de los Castedo en impedir el paso de puesteros y camiones por ambas fincas para mantener en secreto el libre paso de la droga. La organización, de las más grandes del país por el flujo de droga comercializada y el nivel de corrupción propagado, también tuvo cobertura legal del ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso; a su vez acusado de fraguar una declaración indagatoria de Castedo, que le permitió mantenerse en la clandestinidad. (Ministerio Público Fiscal de la Nación)
